Durante décadas, la Ley de Inquilinato quedó rezagada frente a la realidad del país. El régimen vigente arrastraba referencias y estructuras antiguas, incluso normas pensadas para una época en la que Ecuador todavía utilizaba sucres. La reforma que llegó al Pleno busca corregir ese atraso, armonizar la ley con el COGEP, formalizar los contratos y dar reglas más claras a una de las relaciones jurídicas más frecuentes, la que existe entre arrendador y arrendatario.
Como asambleísta, aporté directamente a este proceso legislativo. Parte de nuestra propuesta fue incorporada al texto unificado, se regulan con mayor precisión las reparaciones y responsabilidades sobre los inmuebles, se fortalece el derecho del arrendatario a ejecutar reparaciones cuando corresponda, se incorporan reglas sobre garantías, se avanza en el registro y formalización de los contratos y se desarrollan mecanismos de mediación para resolver controversias con mayor rapidez y seguridad jurídica. El proyecto que llegó a primer debate recoge varias iniciativas legislativas acumuladas desde 2019 y fue construido después de siete sesiones y la comparecencia de especialistas.
Las leyes también tienen que ponerse al día con la vida de la gente. Ese fue nuestro aporte, ayudar a sacar al inquilinato de una normativa del siglo pasado y llevarlo hacia reglas más claras, actuales y aplicables.
FORMACIÓN ACADÉMICA
TRAYECTORIA
COMO ASAMBLEÍSTA
Durante el periodo como Asambleísta (2021-2023) se desarrollaron actividades desde la legislación y fiscalización:
- LEGISLACIÓN;
- FISCALIZACIÓN;
