María José Proaño y Alexandra Sierra, expertas en contratación pública, analizaron el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la Generación de Empleo y Desarrollo Económico Territorial en provincias con determinadas condiciones, y formularon observaciones para fortalecer su contenido.
Proaño destacó que la incorporación del artículo 37.1 busca promover el empleo y la participación económica local en territorios con rezagos laborales. Además, explicó las diferencias entre los criterios de valoración y los márgenes de preferencia previstos en la contratación pública.
Por su parte, Sierra señaló que el artículo 37 establece, para la Amazonía, la obligación de que al menos el 80 % de los servicios contratados y de la mano de obra correspondan a la jurisdicción respectiva, salvo que exista una justificación técnica debidamente motivada.
En este contexto, recomendó precisar que la aplicación de esta disposición no sustituya, reduzca ni modifique los porcentajes, las preferencias o las obligaciones establecidos en los regímenes territoriales especiales.
Transparencia en la distribución de recursos
Como parte de la agenda de trabajo, la Comisión recibió a Diego Cevallos, socio de Gobernanza Local Ec, quien expuso sus observaciones al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley N.º 047), orientado a garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de estos recursos.
Cevallos destacó entre los beneficios de la propuesta la protección de los recursos frente al gasto corriente, la ampliación del catálogo ambiental, la trazabilidad y la transparencia activa, así como la preservación de las cuotas históricas de asignación.
Sin embargo, recomendó mejorar el artículo 7 para precisar su relación con el ciclo presupuestario y las herramientas correspondientes. Observó que su redacción podría distorsionar las competencias de los consejos provinciales y concejos municipales en la aprobación de los proyectos, lo que generaría riesgos de bloqueo y discrecionalidad política.
AM
