La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la propuesta denominada Ley Cero Impunidad, recibió este miércoles, 21 de octubre, las observaciones jurídicas y técnicas de Daniel Boldova, docente español de Derecho Penal, y Francisco Estupiñán, director de Fexlaw Abogados Ecuador. Los especialistas analizaron aspectos de la normativa orientados a evitar la impunidad en casos de delincuencia organizada.
Boldova se refirió a la figura de la colaboración eficaz y advirtió sobre el riesgo de que se entregue información por motivos espurios. Por ello, recomendó establecer términos claros para estos acuerdos, a fin de evitar que una persona procesada pretenda beneficiarse de la norma mediante testimonios falsos.
Coincidió en que la colaboración eficaz pueda aplicarse en cualquier etapa del proceso, incluso después de una sentencia condenatoria. No obstante, propuso establecer mayores beneficios para quienes cooperen antes de la sentencia, debido a que su aporte podría contribuir de manera más efectiva al desarrollo del proceso. Asimismo, consideró que los beneficios otorgados deben guardar una adecuada proporcionalidad.
En cuanto a los delitos sujetos a este procedimiento especial, sugirió evitar una enumeración taxativa e incorporar tipos delictivos característicos de las organizaciones criminales, con una redacción que abarque los más relevantes e incluya otros delitos relacionados.
Por su parte, Estupiñán observó el plazo de 60 días previsto para que el fiscal concluya la investigación, al considerar que resulta insuficiente frente a la complejidad de estos procesos, especialmente en casos de delincuencia organizada.
También señaló la necesidad de incorporar disposiciones sobre criptoactivos utilizados en operaciones de lavado de activos, así como definir los procedimientos para su incautación, trazabilidad y custodia, incluidas las billeteras digitales. Recordó que la Ley de Lavado de Activos regula aspectos relacionados con las criptomonedas, pero advirtió que la fase investigativa no precisa cómo proceder cuando estos activos son localizados en el marco de las medidas cautelares aplicadas en investigaciones por delitos vinculados con el crimen organizado.
Respecto de los agentes encubiertos, planteó revisar la legislación comparada de países vecinos, que contempla distintas modalidades, como agentes penitenciarios y extranjeros. Subrayó la importancia de salvaguardar la integridad de quienes desempeñan estas funciones y señaló que su aplicación no depende únicamente de las normas, sino también de la disposición de los funcionarios para asumir esta labor, que implica riesgos, incluso para sus vidas.
EG
