La Comisión del Derecho a la Salud que analiza el Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad reafirmó la importancia de fortalecer la prevención, la educación nutricional y la articulación interinstitucional como ejes fundamentales para enfrentar este problema de salud pública, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.
Durante el análisis de las observaciones al proyecto, presentadas por la especialista en Nutrición Eliana Ormaza y el doctor Edwin Morejón Clavijo, se destacó la necesidad de impulsar políticas integrales que promuevan hábitos saludables desde los hogares y las instituciones educativas, mediante información clara, accesible y permanente para la ciudadanía.
Entre las principales propuestas se plantearon el fortalecimiento del etiquetado nutricional y del sistema de semaforización de alimentos y bebidas, la promoción del consumo de agua y alimentos saludables, y el uso de herramientas digitales para ampliar el alcance de las campañas de educación y prevención.
Asimismo, se destacó la importancia de involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales y demás actores territoriales, a fin de garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades de las zonas rurales y urbanas. También se señaló que la prevención debe acompañarse de recursos presupuestarios suficientes y de una mayor disponibilidad de profesionales especializados en el sistema público de salud.
La presidenta de la Comisión, Ana Cristina Guim, resaltó que la prevención constituye un componente esencial del informe para segundo debate, pues permitirá reducir los riesgos asociados a la obesidad y proteger la salud presente y futura de la población. Además, subrayó la importancia de promover una alimentación saludable sin estigmatizar a las personas por su peso.
Por su parte, la asambleísta Cristina Jácome enfatizó la necesidad de que las observaciones y la evidencia científica contribuyan a construir una normativa efectiva, con medidas que generen resultados concretos para la salud pública.
Los legisladores coincidieron en que enfrentar la obesidad requiere una respuesta integral que articule salud, educación, gobiernos locales y ciudadanía, con acciones sostenidas que faciliten el acceso a una alimentación adecuada y a espacios seguros para la actividad física.
La Comisión continuará el análisis de las propuestas con miras a fortalecer el informe para segundo debate y avanzar hacia una normativa que priorice la prevención y la promoción de hábitos saludables en el Ecuador.
RSA
