El Pleno de la Asamblea, este jueves, 22 de octubre, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica para Prevenir y Reducir la Pérdida, Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria, que busca subsanar un vacío jurídico en el sistema de donación de alimentos. El documento regresó a la mesa legislativa para el análisis previo a la segunda discusión.
Janina Rizzo Alvear, presidenta de la Comisión y ponente del informe, calificó la jornada como histórica y destacó la importancia de establecer reglas claras para la recuperación y entrega de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. “Hablar de la recolección de alimentos que todavía pueden servir para atender las necesidades de personas en condición de vulnerabilidad, es hablar de un sistema de donación y entrega de alimentos con reglas claras, para garantizar el objetivo social de esta normativa”, enfatizó.
En comisión general, Nora Mejía, docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), señaló que miles de toneladas de alimentos aptos para el consumo se desechan mientras persiste el hambre. Desde la perspectiva de las ciencias pecuarias, explicó que los productos pueden perder su valor comercial sin dejar de conservar su valor nutricional. Añadió que la reforma incorpora disposiciones de orden y transparencia para fortalecer la solidaridad y preservar el tejido social mediante la participación responsable de los actores involucrados en la donación, recolección y distribución de alimentos.
La propuesta establece mecanismos para mejorar la recuperación, selección y entrega de los productos a sus destinatarios finales, con procedimientos de trazabilidad que permitan preservar sus características nutricionales y garantizar su distribución oportuna, segura y gratuita. Asimismo, busca prevenir el uso de las donaciones para fines ajenos al objeto de la ley.
La reforma responde a la falta de definición de la autoridad pública responsable de supervisar y fiscalizar a las entidades que reciben, procesan y distribuyen alimentos donados. Para elaborar el informe, la mesa legislativa consideró las sugerencias y observaciones de organizaciones sociales, representantes de bancos de alimentos y delegados de distintas instituciones que participaron en el proceso de socialización.
Durante el debate intervinieron ocho asambleístas, quienes coincidieron en la necesidad de colocar a las personas en el centro de la gestión pública y promover acciones transparentes para combatir el hambre. Entre los aspectos destacados constaron la trazabilidad de los productos, su entrega gratuita a los beneficiarios y la prevención de cobros indebidos o de prácticas monopólicas por parte de organizaciones dedicadas a la recolección de alimentos.
EG
