La Comisión de Educación continuó el análisis del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, con la participación de representantes del Ministerio de Infraestructura y Tecnología y especialistas del ámbito académico, quienes expusieron criterios y propuestas para fortalecer la iniciativa en materia de innovación, regulación, sostenibilidad y protección de derechos.
Giovanna Córdova, subsecretaria del Ministerio de Infraestructura y Tecnología, informó que Ecuador cuenta con una estrategia para el fomento del desarrollo y uso ético y responsable de la inteligencia artificial para el período 2026-2029, estructurada en tres ejes: gobernanza; capacidades y tecnología; y adopción y desarrollo. Explicó que la Agenda Digital 2026-2030 permitirá concretar estos lineamientos mediante metas e indicadores. Además, destacó el desarrollo de un entorno de pruebas regulatorio (sandbox) para experimentar con aplicaciones de inteligencia artificial bajo condiciones controladas.
Marco Insuasti, director de Tecnologías Emergentes, aclaró que la estrategia nacional es un instrumento para impulsar la innovación y no una ley regulatoria. Entre los desafíos identificados mencionó la limitada inversión en investigación y desarrollo, las brechas regulatorias y los riesgos de discriminación, vulneración de la privacidad y desinformación. Enfatizó en la necesidad de fortalecer las capacidades digitales y la formación en inteligencia artificial.
Desde el ámbito académico, Juan Carlos Avilés, representante del Consejo Humano para la Inteligencia Artificial y tutor de la UNIR, propuso incorporar el concepto de Green Big Data para promover el uso de estas tecnologías en la gestión ambiental. Expuso experiencias de monitoreo de más de 300 especies en el Chocó Andino, mediante el análisis de grabaciones con aprendizaje automático. También planteó establecer indicadores sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial, incorporar a las autoridades ambientales y energéticas en la gobernanza y fortalecer la capacitación
Por su parte, Kevin Rojas, matemático y docente de Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE), recomendó que la clasificación de los sistemas de alto riesgo considere su funcionalidad y las consecuencias de su aplicación sobre los derechos de las personas, más allá del sector en el que se utilicen. Asimismo, propuso que las obligaciones de transparencia incluyan información comprensible sobre las capacidades y limitaciones de estas herramientas, así como supervisión humana en decisiones relevantes. Sugirió también priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas en los entornos de prueba regulatorio.
En tanto, Rosa Albuja, docente de la ESPE, propuso incorporar una auditoría de productividad y sostenibilidad de la inteligencia artificial, basada en indicadores que permitan medir mejoras en eficiencia, calidad, costos, ahorro de recursos e impacto ambiental. Asimismo, recomendó que la supervisión de estos sistemas esté a cargo de personas competentes, con conocimientos, habilidades y experiencia acordes con el nivel de riesgo. Planteó también que el Ministerio del Trabajo, en coordinación con las autoridades educativas, articule programas de formación y certificación de competencias en inteligencia artificial, y que los resultados de productividad puedan vincularse con incentivos para las empresas.
Finalmente, Martín Vaca, experto en ciencia de datos e inteligencia artificial, observó sobre la necesidad de diferenciar las responsabilidades de quienes desarrollan, integran, implementan y utilizan estos sistemas. Para ello, planteó ajustes a los artículos 4, 5 y 34 del proyecto: incorporar la definición de proveedor del modelo, eliminar el término “adoptante” por falta de claridad y establecer que las obligaciones sean proporcionales al nivel de control que cada actor ejerce sobre la tecnología. Según explicó, estas precisiones permitirán distribuir las responsabilidades y evitar que recaigan únicamente en las empresas locales.
La Comisión considerará los aportes y recomendaciones presentados por los comparecientes como insumos para fortalecer el contenido del proyecto de ley.
JC
