Con 85 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió fiscalizar los procesos de contratación pública y los contratos suscritos y ejecutados por entidades del sector público con la compañía Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda., así como con otras personas jurídicas que mantengan o hayan mantenido vínculos societarios, económicos o administrativos con Alexandro Tonello Carrera, exviceprefecto de Pichincha, o con su entorno familiar. La investigación comprenderá el periodo 2019-2026.
La Comisión de Fiscalización y Control Político estará a cargo de este proceso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así lo dispone la resolución presentada por la asambleísta Diana Jácome.
Durante la argumentación de la iniciativa, Jácome sostuvo que la política no puede convertirse en un mecanismo para obtener beneficios personales. Enfatizó que el ejercicio de la función pública exige honestidad, responsabilidad y respeto a la confianza ciudadana.
Como sustento de su propuesta, citó los artículos 120, numeral 9, y 233 de la Constitución, que establecen las atribuciones de fiscalización de la Asamblea Nacional y las responsabilidades de los servidores públicos.
La legisladora expuso que Tonello, quien se desempeñó como viceprefecto de Pichincha entre 2019 y agosto de 2026, habría mantenido una participación accionaria del 45 % en Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda. Según señaló, la compañía habría suscrito más de 300 contratos con municipios y juntas parroquiales de la provincia, por un monto superior a los USD 10 millones durante los últimos años.
También advirtió sobre un posible conflicto de intereses, debido a que, en su calidad de viceprefecto e integrante del Consejo Provincial, Tonello habría tenido acceso a información relacionada con procesos de contratación pública de los gobiernos autónomos descentralizados, mientras la empresa mantenía relaciones contractuales con algunas de estas instituciones.
Jácome solicitó que se recopile y examine la documentación de los contratos celebrados por la compañía con los municipios y las juntas parroquiales de Pichincha. El objetivo es establecer los montos, objetos contractuales y posibles responsabilidades.
AM
