En la sesión del Pleno del 17 de septiembre de 2026, la asambleísta Verónica Íñiguez denunció los intentos de frenar la fiscalización que la Comisión de Garantías Constitucionales inició sobre la resolución 187 del Consejo de la Judicatura, una decisión que desmanteló tribunales y salas especializadas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Lugar: Pleno de la Asamblea Nacional
Fecha: 17 de septiembre de 2026
La asambleísta cuestionó duramente la resolución 187, emitida por el Consejo de la Judicatura bajo la dirección de Mercedes Caicedo. Según expuso en el Pleno, esta decisión desmanteló tribunales y salas especializadas que el país había creado para enfrentar la corrupción y el crimen organizado.
En un momento en que la inseguridad y la corrupción figuran entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, debilitar la justicia especializada envía una señal preocupante. Por eso la Comisión de Garantías Constitucionales abrió un proceso de fiscalización frente a esta resolución.
Verónica Íñiguez afirmó que el proceso iniciado por la Comisión de Garantías Constitucionales es legítimo y se ajusta a sus competencias. Sin embargo, denunció que se busca trasladar el caso a otras comisiones sin ningún sustento técnico.
La asambleísta comparó esta maniobra con prácticas previas de congelamiento de temas legislativos: mover un expediente de una mesa a otra para que el control político pierda fuerza y termine archivado en el olvido.
Para sustentar su posición, la asambleísta solicitó la lectura del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ante el Pleno. El numeral 3 de este artículo es claro: cuando una comisión inicia un proceso de control político, ninguna otra comisión puede intervenir en la misma materia.
Artículo 26, numeral 3, Ley Orgánica de la Función Legislativa
Una vez que una comisión inicia un proceso de control político, ninguna otra comisión puede intervenir sobre la misma materia. La fiscalización de la resolución 187 corresponde a la Comisión de Garantías Constitucionales.
Ante posibles intimidaciones contra quienes llevan adelante este proceso, la asambleísta hizo un llamado formal al Defensor del Pueblo para que monitoree la fiscalización. El control político es una facultad que la Constitución otorga a la Asamblea, y ejercerla no debe tener como costo la presión ni el amedrentamiento.
La Comisión de Garantías Constitucionales se mantiene firme y continuará con la fiscalización de la resolución 187, porque la ley nos asiste. Legislar para la vida también significa defender una justicia capaz de enfrentar la corrupción y el crimen organizado, y no vamos a permitir que este proceso se congele.
Si quieres ver la intervención completa de Verónica Íñiguez en el Pleno:
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Defendemos la vida, la naturaleza y la soberanía del Ecuador!
Despacho de la Asambleísta Verónica Íñiguez, Loja, Movimiento Revolución Ciudadana
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.