Con 85 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió solicitar al Servicio Nacional de Contratación Pública, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura que, en el término de diez días, remitan información sobre la contratación de eventos artísticos y culturales para las Fiestas de Quito de 2025 y 2026, las acciones de control ejecutadas y las denuncias recibidas por presuntos cobros indebidos a artistas, gestores culturales, estudiantes y agrupaciones participantes.
La decisión busca esclarecer las denuncias públicas sobre supuestas exigencias de pagos, denominados "diezmos" o "vacunas", a artistas, gestores culturales, bastoneras y bandas de paz para participar en las festividades. Según estos señalamientos, la ubicación o participación en los desfiles estaría condicionada a la entrega de dinero, hechos que aún no han sido esclarecidos por las autoridades.
La iniciativa fue presentada por el legislador Luigi García, quien advirtió sobre los presuntos cobros a colegios, agrupaciones y bandas de paz. "Quieren cobrarles incluso de un servicio público. Estos presuntos pagos son para el aseo, para pagarle a una empresa pública", afirmó.
En este marco, la Comisión de Fiscalización deberá recopilar, analizar y contrastar la información disponible. Para ello, podrá solicitar documentación, informes técnicos y convocar a las autoridades de las instituciones involucradas, servidores públicos, expertos y demás personas que considere pertinentes. También podrá recibir los testimonios de artistas, gestores culturales y agrupaciones que deseen aportar información, con la garantía de reserva de identidad cuando así lo soliciten, conforme a la ley.
La Comisión presentará al Pleno, en un plazo de 30 días contado desde la recepción de la información, un informe con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Asimismo, la resolución exhorta al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, como ente rector del Sistema Nacional de Cultura, a habilitar un mecanismo para recibir y orientar las denuncias de artistas y gestores culturales sobre posibles exigencias de pagos indebidos para participar en eventos financiados con recursos públicos. También deberá remitir a la Fiscalía General del Estado los hechos que pudieran constituir delito.
AM
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