En el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Gestión Costera Integrada, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recibió observaciones jurídicas orientadas a fortalecer la iniciativa, garantizar su articulación con la normativa vigente y evitar la duplicación de competencias entre las instituciones responsables de la gobernanza de los espacios marino-costeros.
Álvaro Píriz Smith investigador y experto en materia jurídica señaló que uno de los principales desafíos del proyecto es evitar que se convierta en una norma adicional dentro de un ordenamiento jurídico que ya contempla disposiciones para la protección de estos espacios. En ese sentido, destacó la importancia de revisar su articulación con el Código Orgánico del Ambiente, el COOTAD y la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino Costero.
Asimismo, observó sobre posibles superposiciones de competencias entre los mecanismos de coordinación previstos en la legislación vigente y los organismos que plantea crear el proyecto de ley. Por ello, recomendó evaluar la necesidad de establecer nuevas estructuras institucionales frente a la posibilidad de fortalecer y armonizar las existentes.
Entre sus principales observaciones, planteó que se debe partir de un diagnóstico integral del marco normativo e institucional, identificar los vacíos legales y las dificultades de coordinación, y establecer con claridad las obligaciones ambientales, las responsabilidades institucionales y los mecanismos de fiscalización para garantizar una protección efectiva de los espacios costeros.
En este contexto, la presidente de la Comisión, Camila León, consultó sobre los elementos diferenciadores que debería incorporar la propuesta para responder a los problemas actuales de gobernanza marino-costera, sin duplicar competencias ni reproducir obligaciones ya contempladas en otras normas.
Como respuesta, el experto enfatizó que la prioridad debe ser fortalecer el cumplimiento de los deberes ambientales, determinar qué instituciones son responsables de su vigilancia y fiscalización, y asegurar que los derechos de la naturaleza cuenten con mecanismos efectivos de protección y cumplimiento.
Finalmente, destacó la importancia ambiental, social y productiva de los espacios costeros para el Ecuador y recomendó que el proyecto priorice la articulación institucional, la armonización del ordenamiento jurídico y el fortalecimiento de las capacidades existentes.
El objetivo, señaló, debe ser avanzar hacia una legislación que no se limite a crear nuevas normas o competencias, sino que garantice resultados concretos y una protección efectiva del patrimonio marino-costero del país.
RSA