El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Jaime Abril, conjuntamente con los asambleístas Gilmar Gutiérrez, Jerónimo Yantalema, Omar Juez, Yandry Brunner y Lídice Larrea, solicitó una prórroga de 120 días para entregar el informe previo al segundo debate del proyecto de Ley Recursos Hídricos.
Jaime Abril subrayó que dentro del cronograma de trabajo establecido se decidió que, a partir del 10 de noviembre, se reciban las observaciones planteadas por los asambleístas en el primer debate. Después de ello, se ha procedido a sistematizarlas e incorporarlas en un texto que fue compartirlo con todos los proponentes.
Indicó que, con base en este cronograma -y como la ley requiere nuevamente de un amplio debate- se ha previsto pedir al presidente de la Asamblea autorice una prórroga de 120 días, es decir hasta el 10 de mayo de 2010, para entregar el informe.
Aclaró que dentro del cronograma se abrirá una fase de socialización, desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero, para recibir en audiencia a las diferentes organizaciones sociales y junto a ellos analizar las propuestas entregadas en el primer debate por los asambleístas. En este contexto se inicia el análisis para ahondar en la democracia en el proceso de construcción de la ley.
Dijo que estarán en contacto con las organizaciones y los actores sociales hasta el 8 de enero, posteriormente, se iniciará una fase de deliberación de los ejes principales y nudos críticos, del 11 al 22 de enero.
Mientras, desde el 25 de enero hasta el 27 de abril se estudiará la ley únicamente con los asambleístas, al interior de la Comisión. Las reuniones del 28 de abril al 6 de mayo se destinarán a la elaboración del informe para segundo debate.
Temas complejos de la ley
Abril explicó que todavía existe discrepancia en el tema de la Autoridad Única del Agua, en que se propone haya un Consejo Intercultural y Plurinacional bajo una institucionalidad; así mismo, en los artículos relacionados con el envasado del agua, en los cuales se plantea establecer una tarifa especial para atender los costos derivados de la recolección de los envases y considerar el costo de los desechables.
La Comisión determinará si las embotelladoras o envasadoras hacen uso o existe aprovechamiento económico. “Estamos en esta Comisión para regular y para que impere la justicia y equidad en cuanto a la participación del Estado”, subrayó.
Nos inquieta también, continuó, la gestión comunitaria, en base a la participación que deban tener las organizaciones campesinas e indígenas y respetaremos sus formas ancestrales de manejo y administración del riego.
Enfatizó que el acceso al agua no puede ser tarifado de ninguna manera, solo se cobrará por sus servicios cuando sean otorgados por los gobiernos autónomos descentralizados, respetando las competencias que ellos tienen dentro de las empresas de agua potable.
Aseveró que los gobiernos autónomos descentralizados están en la obligación de construir sistemas de agua potable para todas las provincias en el Ecuador, así mismo, posibilitar que las aguas negras sean tratadas y convertidas en aguas limpias, para aprovechar en actividades de riego.
De su lado, el asambleísta Gilmar Guitiérrez aseguró que la prórroga es necesaria, porque se va tratar esta ley con mayor detenimiento, al coincidir en que uno de los puntos críticos es de la Autoridad Única del Agua y que se realizarán los esfuerzos necesarios para que su conformación sea consensuada. Recordó que el criterio mayoritario apunta a que sea un Consejo Intercultural y Plurinacional, de manera que sea un organismo multisectorial.
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