Cuatro talleres en cuatro ciudades diferentes realizó la Comisión de Participación y Control Social para recabar insumos que permitan normar el proceso de consulta prelegislativa que, en la actualidad, se realiza guiado por un instructivo.
El objetivo principal de los talleres –como lo ha explicado la asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la mesa, en la presentación de cada taller- ha sido escuchar las observaciones que tiene la ciudadanía sobre este proceso. La Asamblea Nacional ya ha recurrido a la consulta prelegislativa en el caso del Código Ingenios, el Código del Ambiente o la Ley de Tierras porque incluyeron temas referentes a los derechos colectivos de nacionalidades, pueblos, comunas y comunidades. De esas experiencias, la Comisión quiso conocer los aciertos y fortalezas pero también las falencias y debilidades.
El primer taller se llevó a cabo en Quito el 18 de mayo, tras la firma del convenio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para promover e incentivar el ejercicio de los derechos de participación ciudadanos. A esa cita acudieron representantes de al menos cuarenta organizaciones sociales. Una semana después, el 26 de mayo, con la presencia de los asambleístas Agustín Delgado y Johanna Cedeño, se realizó un segundo taller en Ibarra. Asistieron representantes y delegados de nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y otras organizaciones sociales. El tercer taller tuvo lugar en Santo Domingo el 30 de mayo. Estuvo dirigido por la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión. En esta ocasión se recibieron las observaciones de dirigentes y delegados de organizaciones campesinas, el pueblo montubio y la nacionalidad tsáchila. El cuarto taller se realizó el 3 de junio, en la provincia de Guayas, en Engabao, Playas. Las asambleístas Mónica Brito y Johanna Cedeño estuvieron al frente de la socialización a la que acudieron representantes del pueblo montubio y de organizaciones comunitarias.
Los titulares de los derechos colectivos que asistieron a los talleres coincidieron en las siguientes observaciones, que parten de su experiencia en procesos de consulta anteriores:
1. La necesidad de impulsar la silla vacía y aumentar los canales de socialización de leyes en territorio.
2. El papel fundamental de la ciudadanía en la toma de decisiones.
3. La importancia de abrir más canales de difusión: los medios de comunicación masiva deben informar más sobre los procesos de consulta, el perfil de quienes son consultados y los aportes que realizan los titulares de derechos en la construcción de leyes.
4. Mejor definición del proceso: plazos de inscripción, mecanismos de entrega de propuestas y organización de las audiencias públicas, etc.
Así, la Asamblea Nacional abrió nuevos espacios de diálogo con la ciudadanía. Con estos insumos, y en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión redactará el informe para primer debate en las próximas semanas.