LA HISTORIA ES NUESTRO JUEZ
Estamos de pie ante la historia y la ciudadanía, utilizando todas las armas que nos otorgan la Constitución y las leyes para luchar contra la corrupción y la impunidad, con la fuerza de un pueblo que construye su destino con bases en una nueva ética colectiva y con el vigor de una institucionalidad democrática recuperada para servicio del bien común.
La legitimidad de nuestra tarea fiscalizadora se sustenta en la probidad de nuestros actos, siempre de acuerdo a la normativa, a los procedimientos y las competencias que nos corresponde cumplir.
Ese apego a legalidad es la fortaleza del país, la constancia de la recuperación democrática que vivimos desde hace diez años, porque si en la Asamblea no nos ceñimos a ese estricto marco legal, muy poca validez tendrían nuestras resoluciones y estaríamos socavando la institución que estamos llamados a fortalecer, especialmente en el Consejo de Administración Legislativa CAL y desde la presidencia de la primera Función del Estado.
Desde el primer momento iniciamos nuestra labor de fiscalización; fue así que la respectiva Comisión llamó al Fiscal General y al Vicepresidente de la República para que aportaran a los procesos investigativos con toda la información que disponían. En el mismo espíritu, al comprobar el incumplimiento de sus funciones, se llevó a cabo un juicio político que concluyó con la censura al excontralor Carlos Pólit.
Bajo la misma lógica, cuando un sector de la Asamblea solicitó que el CAL estudie la posibilidad de un juicio político al segundo mandatario, con toda la apertura iniciamos el proceso preliminar, recordándoles a los peticionarios que el artículo 129 de nuestra Carta Magna dice que para enjuiciar políticamente a un Presidente o Vicepresidente se requieren indicios de responsabilidad penal, vinculados a delitos específicos claramente establecidos en la Constitución. Y cuando se presentaron copias simples, fotografías de primeras planas y titulares de prensa que carecían de valor como documentos probatorios, con un respeto que no ha sido recíproco, se ofreció a los denunciantes una extensión de tres días para aportar pruebas válidas.
Pero entonces, con la preclara intención de socavar la autoridad de la Asamblea y sin medir las consecuencias nefastas que actos de esta naturaleza pueden causar en la fe pública, se entregó con grandes alardes ante la prensa un papel con tachones y en copia simple, que fue sustraído de manera ilegal de un proceso reservado que se sigue en Estados Unidos. Se trata de un laudo arbitral contra la empresa CAMINOSCA, que se encuentra en período de apelación, lo que cuestiona doblemente su validez.
El CAL no puede admitir a trámite, y mucho menos como prueba, un documento de esta naturaleza. Ha sido la falta de seriedad de los peticionarios la causa del archivo del juicio político solicitado, y no la falta de voluntad fiscalizadora, como quieren hacer aparecer.
Para demostrar su fuerza moral, ellos debían ser los primeros en cumplir con las normas y notarizar ese papel, pero no lo hacen porque saben que se trata de un documento contaminado en su origen y si lo elevan a documento público estarían cometiendo un acto de mala fe tipificado por nuestras leyes. Y no quieren asumir las consecuencias jurídicas de sus actos, sino cumplir un papel ante las cámaras.
Pero desde la Asamblea sí vamos a remitir un oficio a las autoridades norteamericanas para que tomen las acciones legales pertinentes por la extracción de sus cortes de un documento reservado que, insisto, además está en proceso de apelación.
El Ecuador le ha declarado una guerra a muerte a la corrupción y la impunidad; y eso incluye también la corrupción que significa acusar sin pruebas. Y así como no vamos a detenernos en esta lucha, tampoco vamos a sucumbir ante el facilismo de acusar a nadie por ganarnos una opinión favorable de poderes económicos o mediáticos.
Por eso, con cinco votos positivos, el CAL cumplió ante el país y la democracia. Y exigimos para el futuro más respeto para el país y sus instituciones, que si hay acusaciones se presenten documentos públicos y limpios, porque esta Asamblea no se prestará a sainetes que se sustentan en una voluntad publicitaria y no en la fortaleza de la legalidad, que por principio elemental debe ser la marca de nuestro accionar.
Y rechazamos las expresiones vertidas en cierta prensa mercantilista, donde se atrevieron a comparar la sabiduría del pueblo que reconoce la ilegalidad de estos actos, como un hecho de debilidad mental, ofendiendo doblemente a esta Asamblea y a las personas con discapacidad, que merecen tanto respeto como los conductores de televisión.
Donde no hay pruebas, no puede haber acusación. Parece que no se han enterado, pero el Ecuador ya cambió.
Asambleísta Nacional | Presidente de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Movimiento Patria Altiva i Soberana. Visita mi Perfil
