La Comisión de Biodiversidad inició el tratamiento de las reformas a la Ley de Minería. En esta materia, la legisladora Rosa Orellana recordó que Zaruma -por 483 años- vive de la extracción artesanal del oro y, al momento, se encuentra en un problema muy grave por cuanto se ha criminalizado su ejercicio. “Se puede conseguir un trabajo en las grandes concesionarias, pero las condiciones laborales no son las mejores”, agregó.
Precisó que las reformas promoverán una minería segura y redituable para no vivir bajo la potestad de las concesionarias, ni ocultarse para ejercer la minería y así generar ingresos que ayuden al sustento de la familia, así como el control adecuado de los contratos otorgados por las concesionarias a los mineros artesanales.
Dijo que deben existir terrenos exclusivos para la minería artesanal, igualdad de derechos y oportunidades para que la gente que se dedica a esta labor tenga mejores condiciones para hacerlo.
Los titulares mineros se niegan a otorgar contratos; y, si lo hacen, ponen un sinnúmero de trabas y dificultades con porcentajes elevados del 30 %, 40 % y 50 % del oro libre obtenido por el minero artesanal. Recordó que las concesionarias no pueden tener más de 5 000 hectáreas de explotación pero, en realidad, muchas empresas tiene 10, 15 o 30 mil hectáreas y se dan el lujo de no trabajarlas.
De su lado, Armando Aguilar, de la consultoría que realizó el levantamiento minero en el distrito Zaruma-Portovelo, en representación de los mineros artesanales, indicó que no existe un contrato de operación por parte del concesionario para realizar sus actividades mineras legales. Por ello, la Agencia de Regulación y Control Minero los toma presos.
Entre tanto, el parlamentario Absalón Campoverde sugirió que se garantice la igualdad de condiciones para que en la subasta participen todos los interesados en conseguir un contrato. Al momento, el Estado realiza procesos de subasta con empresas extranjeras de economía mixta, dejando de lado a los pequeños mineros artesanales. En este marco, planteó eliminar el segundo inciso del artículo 29.
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