Con siete votos a favor, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante. El cuerpo legal, en seis artículos, contiene temas relacionados a la forma e incentivos para la denuncia, la cooperación eficaz y la protección del denunciante.
Propone que al servidor público que haya denunciado un acto de corrupción se le otorgue una medida administrativa de protección, como la posibilidad de concederle un traslado administrativo provisional, con el mismo grado y remuneración, así como una licencia con remuneración.
También regula la reserva de identidad, a fin de incentivar la denuncia. Se protege el anonimato y se mantiene un registro con código numérico, así como un registro de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias, con el propósito de que no exista una divulgación de la identidad de los denunciantes.
Según el proyecto, otro de los mecanismos para denunciar estos actos es el beneficio o compensación económica cuando la denuncia contribuya a la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios, que podrá ser hasta el 20% del total recuperado. El acceso a este aliciente será determinado en la sentencia dictada por el juez.
En cuanto a la cooperación eficaz, definida en el Código Penal, como el suministro de datos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos o permitan identificar a los responsables, el proyecto propone incluir la información que permita identificar el destino de los bienes, dinero, fondos, activos y beneficios. Es decir, se amplía el alcance.
LILA
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