La Comisión de Derechos Colectivos deberá tramitar el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, de iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, que está orientado a fomentar una cultura de transparencia a través de mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, bajo los principios de probidad, integridad y ética en la gestión pública que contribuya a la prevención y combate de la corrupción en el país.
El proyecto contiene 59 artículos, 7 disposiciones generales, 3 transitorias, dos derogatorias y una final. Según el titular del Parlamento, es indispensable que el país cuente con una ley Orgánica de Acceso a la Información acorde con el marco constitucional vigente.
Litardo, en los considerandos, señala que nuestro país cuenta con una Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el 2004, la misma que significó un importante avance en el reconocimiento del acceso a la información pública como un derecho fundamental de los ciudadanos, no obstante, con la publicación de la Constitución de 2008, se instaura un nuevo orden social en el que se reconoce el derecho a la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones haciendo necesario adecuar y actualizar esta ley.
Precisa que la Ley vigente, al no estar adecuada a la Constitución, genera limitaciones en el derecho al acceso a la información pública, como la falta de consideración de las brechas digitales de cada región, la falta de protección de la información personal en poder de las instituciones del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que manejen recursos públicos; y, falta de lineamientos mínimos que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio de este derecho, siendo necesaria la implementación de procesos que fortalezcan la toma de decisiones, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.
La propuesta legal tiene por objeto promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.
Su finalidad es garantizar que la información pública sea completa, abierta, oportuna y accesible; facilitar la participación ciudadana para la toma de decisiones de interés público; viabilizar la fiscalización de la gestión pública; y, hacer efectiva la rendición de cuentas, tomando en consideración el régimen de excepciones.
Cabe indicar que por recomendación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la propuesta, de ser el caso, deberá ser unificada con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. La próxima semana, los parlamentarios avocarán conocimiento de esta propuesta legal.
JLVN/cz
