La Comisión de Régimen Económico analizará el proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para Defender la Dolarización, alrededor de varios temas conceptuales: autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE), reintegro de los cuatro sistemas de balance a esta institución; Juntas de Política Monetaria y Política Financiera; normativa sobre la Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria; y el tema de transparencia.
El presidente encargado de la mesa legislativa, Franco Romero Loayza, enfatizó que no se quitará nada del proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, en función de que, en el Pleno, los 137 asambleístas den sus observaciones al cuerpo normativo integral; pero, a su vez conozcan las observaciones de los comisionados, los criterios expuestos por las 22 personas, representantes de los sectores público, privado, economistas, expertos en materia económica, académicos; así como, la opinión de las instituciones del Gobierno Central.
Romero mencionó que en el informe para primer debate se hará constar conclusiones y recomendaciones. Precisó que luego del primer debate, en el Pleno, se analizará las observaciones de todos, lo cual permitirá construir el informe para segundo debate, de ser el caso, con nuevo articulado.
Comparecencia
Por pedido de la asambleísta Lira Villalba, la Comisión de Régimen Económico escuchó a Jorge Villavicencio Santana, presidente de la Red Solidaria de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, quien señaló que con las reformas al Código Monetario y Financiero para Defender la Dolarización, se violaría los artículos 309 y 311 de la Constitución.
El marco constitucional establece que el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. Este último compuesto por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.
Villavicencio, al explicar la realidad de las cooperativas de los segmentos 4 y 5, recordó que desde que se constituyeron han tenido que batallar con los organismos del Estado porque se les obliga a subir sus indicadores, es decir, se les aplica la fórmula “control y muerte”.
Señaló que hace cuatro años habían 1000 cooperativas y sin criterio técnico válido les obligaron a fusionarse, en otros casos fueron liquidadas y cerradas, con lo cual se redujo el 50 % de las cooperativas de ahorro y crédito. Hoy con el proyecto económico urgente se eliminaría alrededor de 400 cooperativas.
Recordó que las cooperativas de ahorro y crédito tienen funsión social. Su capital está dirigido a apoyar las necesidades del barrio, parroquia, cantón. En este marco, solicitó a la mesa legislativa que no acepte las reformas que constan en el proyecto económico urgente porque afectarían gravemente a la economía popular y solidaria.
JLVN/cz
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