La Comisión de Fiscalización y Control Político se reunió esta mañana para continuar con la recepción de testimonios en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor Pablo Celi.
Antes de iniciar las comparecencias, el titular de la Comisión, Fernando Villavicencio, se refirió a las declaraciones realizadas, ayer, por la Fiscal de la Nación, Diana Salazar, y destacó aspectos clave en el caso: presiones, cambios irregulares y movimientos de autoridades en la Contraloría para cumplir órdenes orientadas a desvanecer glosas en el caso NoLimit, empresa CAMC y la compañía Conecel-Claro.
Glosa Claro
Jorge Zavala Egas, representante legal de Conecel expuso sobre la firma del contrato de dicha empresa con el Estado. Explicó que las glosas no pasaron de ser observaciones de la Contraloría y mencionó que el informe de auditoría desvaneció la glosa, porque las observaciones no ameritaban ser consideradas como responsabilidad civil. En su intervención rechazó que se pretenda afectar la reputación de la empresa.
Los legisladores consultaron al abogado Zavala Egas, quién pagó las tres auditorías técnicas de Conecel para determinar que no hubo irregularidades en el contrato, él respondió que fue el propio Conecel. Las auditorías determinaron que la glosa impuesta por la Contraloría no estaba justificada, expresó.
Así mismo cuando fue consultado quién suscribió la resolución de desvanecimiento de la glosa de Conecel, Zavala Egas respondió que los documentos están suscritos por el excontralor subrogante Pablo Celi.
También compareció Ana Proaño de la Torre, exsecretaria de Telecomunicaciones y exfuncionaria de Arcotel, quien realizó una detallada explicación de la auditoría y predeterminación de responsabilidades. En su intervención hizo alusión al objeto del contrato firmado por Conecel y resaltó el servicio móvil avanzado; servicio telefónico de larga distancia y las bandas de frecuencias esenciales.
Además presentó observaciones al informe de la Contraloría y destacó que los auditores de la institución partieron de premisas falsas que no constan en la legislación legal vigente ni en los contratos de concesión. Así mismo, dijo que los auditores en ninguna etapa del proceso acogieron los argumentos técnicos y económicos que presentaron los exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
El asambleísta interpelante Cristóbal Lloret presentó una línea de tiempo de la auditoría, la determinación de las responsabilidades civiles, desvanecimiento de glosas, reuniones con el empresario Daniel Hajj y el anuncio del concurso de bandas. Ana Proaño al finalizar su intervención señaló que “se crea el problema y se vende la solución”.
El turno fue para Silvia Pérez, funcionaria de la Contraloría, ella explicó cómo se desarrolla el proceso de auditoría al interior de la entidad. Aceptó que, como directora de Auditoría en Telecomunicaciones de Contraloría, firmó el examen especial que determinó la glosa en contra de Conecel por 112 millones de dólares. "Suscribí el informe con toda seguridad". Sin embargo, dijo que no puede pronunciarse sobre el desvanecimiento de la glosa porque eso correspondía a áreas que ella no pertenece.
Jenny Monar, funcionaria de la Contraloría y quien estuvo a cargo de la auditoría a Conecel, avaló los tres informes pagados por esa empresa para determinar que no hubo irregularidades en el contrato. Este informe fue el sustento del desvanecimiento de la glosa de 112 millones de dólares; sin embargo, Monar subrayó que el área de auditoría solo realiza hallazgos, mas no le corresponde decidir ningún desvanecimiento de glosas.
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