La Comisión de Soberanía y Seguridad avanza en el tratamiento de los textos reformatorios a la Ley de Seguridad Pública, que se incluirán en el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
La vicepresidenta de la mesa legislativa, Patricia Núñez, fue la encargada de dirigir la sesión Nro. 189, en la que se debatió el artículo 369 sobre delincuencia organizada.
Según la propuesta, la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.
También se analizó la normativa sobre la denuncia con reserva de identidad o información por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado.
Además el lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, enriquecimiento privado no justificado, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes o sicariato, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes.
ES/pv
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