La Comisión de Enmiendas Constitucionales escuchó las observaciones de Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional y de Wladimir Andocilla, especialista en Derechos Humanos, sobre el proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución, propuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso y que busca permitir la colaboración de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
Érika Guevara recordó que Amnistía Internacional tiene entre sus funciones la investigación y el seguimiento a los Estados, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y que, en este ámbito, la propuesta de reforma constitucional les preocupa de manera especial.
Reiteró que para Amnistía Internacional existe el peligro de violación a los derechos humanos con la militarización y el trabajo complementario con la Policía Nacional, para combatir el crimen organizado. “El despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, contraviene los estándares internacionales y representa un riesgo para la garantía de los derechos humanos del país”, enfatizó.
Comentó que el proyecto presidencial no tiene límites ni en lo temporal ni en lo geográfico, que es una excepción que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una eventual participación de Fuerzas Armadas en seguridad interna, lo que podría llevar a una permanencia ilimitada e intervenciones cotidianas, que transgreden normas internacionales de derechos humanos, a la vez insistió que son las políticas públicas de seguridad, integrales y sostenibles las que permiten enfrentar de manera adecuada al crimen organizado.
El mismo criterio sostuvo Wladimir Andocilla, quien dijo que el proyecto no justifica razones para permitir la participación complementaria de Fuerzas Armadas, ya que en la iniciativa no se especifica que la Policía haya rebasado su capacidad de acción frente al crimen organizado.
“El documento presenta una serie de hechos criminales que se han dado en el país, pero no existe una evaluación que determine la incapacidad de la Policía Nacional para que requiera apoyo en el control de la seguridad interna”, subrayó.
Con estas intervenciones concluye el proceso de recepción de observaciones a la propuesta del Ejecutivo. Para el próximo 12 de febrero, la Comisión de Enmiendas Constitucionales tendrá listo el informe final respectivo para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
KC/pv
