En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó los aportes de Roberto Andrade, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien presentó sus observaciones a la propuesta.
En su intervención, Roberto Andrade subrayó la necesidad de eliminar el requisito de contar con una sentencia penal ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio.
Agregó que la extinción de dominio no es un proceso exclusivamente penal ni civil, cuya utilidad permite avanzar en investigaciones patrimoniales que den como resultado sentencias que priven del patrimonio adquirido ilícitamente.
Exhortó a la mesa legislativa a analizar el período de prescripción que consta en la norma vigente. Señaló que no es coherente que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, pero la responsabilidad patrimonial tenga un período de 15 años desde la fecha de adquisición del bien para prescribir.
BG/pv
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