El asambleísta Jonathan Parra presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el propósito de clarificar varias disposiciones que regulan las fases de los procesos constitucionales y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Carta Suprema, en las cuales se establece como el más alto deber del Estado proteger y hacer respetar los derechos constitucionales.
La reforma establece cambios a varios artículos, entre ellos, los artículos 7, 8 y 10 de la Ley vigente, a fin de especificar que para conocer el caso de vulneración de derechos constitucionales, será competente la jueza o juez de garantías constitucionales del lugar donde se origina el acto u omisión, o donde se producen sus efectos. Se entenderá por lugar donde se producen sus efectos, el lugar en el que la vulneración tuvo una relación directa.
Igualmente, que cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente o inmediato, prevaleciendo las acciones de medidas cautelares y hábeas corpus.
Estas, entre otras modificaciones pretenden evitar el abuso de estas garantías, pues muchas veces los accionantes presentan la demanda en una jurisdicción distinta a la que le corresponde al lugar donde se produjo el acto dañoso o la vulneración de derechos, por lo cual es necesario que este ejercicio sea debidamente regulado por la ley.
La propuesta consta de 38 artículos y dos Disposiciones Transitorias, en estas últimas se establecen plazos específicos para la adecuada aplicación de la reforma.
EG
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