“Las medidas cautelares solicitadas por el tribunal arbitral pretenden que el Estado ecuatoriano viole su propia legislación y ni la función Ejecutiva, ni la Asamblea Nacional, ni la Procuraduría General del Estado, ni la propia Función Judicial a través de sus representantes pueden intervenir en el proceso de Lago Agrio”, dijo el Procurador General del Estado, Diego García, al referirse al pedido del tribunal arbitral, en el caso Chevron.
“El Estado ecuatoriano no es parte y no intervendrá en el proceso de Lago Agrio”, reiteró Diego García, al aseverar que "los únicos que pueden intervenir en el proceso en cada etapa, son los jueces que tienen competencia para conocer la causa, en su momento la Sala de Sucumbíos resolvió la causa, en este momento son los jueces de casación que tienen que resolver esa etapa dentro del proceso, los demás no podemos intervenir, solo tener una opinión".
Además el Procurador, en referencia a los caso Occidental, subrayó que los árbitros -a juicio de la defensa del Estado ecuatoriano- no han aplicado correctamente el derecho ecuatoriano y el derecho internacional, no han respetado los propios acuerdos de las partes y han subestimado el valor del derecho ecuatoriano en la aplicación de la Ley y del Contrato.
Por tanto, la posición del Ecuador seguirá siendo la de combatir estas decisiones hasta lograr la anulación del laudo de la Occidental dentro del proceso que se sigue en el Ciadi, así como lograr una decisión favorable en el proceso de arbitraje internacional que se sigue en el caso de Chevron.
Precisó que la Procuraduría interviene activamente en los procesos arbitrales en defensa del Ecuador, pero también comparte la necesidad de explicarle al mundo que existe una agresión en contra del Estado ecuatoriano, que es mantenida dentro y fuera de los tribunales en muchos de los Foros a los que Chevron –fundamentalmente- acude para desprestigiar al Ecuador.
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