Nuevos aportes técnicos y observaciones se incorporaron a la construcción del texto unificado de los proyectos que reforman la Ley Orgánica de Salud. Uno de los proyectos busca limitar la discrecionalidad y transparentar los mecanismos de pago a los prestadores de la Red Privada Complementaria de Salud Pública sin fines de lucro, que atienden a grupos de atención prioritaria. Mientras que el otro tiene como objetivo el fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y el control de conflictos de interés.
Marco Bonifaz, representante de la delegación del Consejo Directivo del IESS, destacó que ambos proyectos son positivos. Sin embargo, recalcó la necesidad de contar con un cuerpo normativo que garantice la gobernabilidad del sistema de salud, respete los principios jurídicos y mantenga la jerarquía y los procesos institucionales y operativos.
Asimismo, subrayó que la implementación de una normativa robusta y técnicamente viable contribuirá significativamente a la consolidación de un sistema nacional de salud más eficiente, equitativo, articulado y sostenible. Esta normativa debe integrar y unificar las disposiciones existentes para fortalecer el sistema de salud.
Bonifaz señaló que ya existe una normativa que regula el relacionamiento con los prestadores externos, así como pagos y procesos operativos. Indicó que la ley puede establecer lineamientos generales sobre el reconocimiento económico a dichos prestadores, pero no debe abordar aspectos específicos y detallados de los procesos, ya que estos son dinámicos. Además, advirtió que centrar el proyecto exclusivamente en prestadores sin fines de lucro podría generar una percepción de inequidad.
Por su parte, Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE), consideró fundamental la construcción del Código Orgánico de la Salud (COS), ya que este sector debe avanzar en una misma dirección, con objetivos y enfoques comunes. Afirmó que el COS debe concentrar en un solo cuerpo legal las directrices fundamentales para garantizar la coherencia de las normas secundarias.
Delgado señaló que el proyecto de ley establece la priorización de los prestadores privados sin fines de lucro que brindan servicios de tercer nivel y atención de enfermedades catastróficas, quienes deberán ser auditados en un plazo máximo de 45 días. No obstante, recordó que esto ya está contemplado en el Reglamento de Relacionamiento vigente para todos los prestadores de la Red Privada Complementaria.
Cuestionó por qué se prioriza únicamente a los prestadores sin fines de lucro, cuando los prestadores con fines de lucro también ofrecen servicios de tercer nivel. Añadió que los centros especializados de diálisis —que atienden a la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica— pertenecen al sector privado.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció los aportes presentados y señaló que serán debidamente analizados de forma técnica en una matriz durante la elaboración de su informe.
RSA
