La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sesionó el 22 de octubre de 2025 para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) unificado. Compareció la abogada María Clara Cabrera, coordinadora general técnica del Consejo Nacional de Competencias (CNC), en representación de la secretaria ejecutiva Myriam Zarzosa, quien no asistió por compromisos previos.
Durante su intervención, Cabrera presentó observaciones técnicas al proyecto en tres ejes principales. En primer lugar, advirtió que algunas reformas contravienen la Constitución al permitir que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) asuman competencias exclusivas de otros niveles de gobierno, como el manejo de agua potable, alcantarillado y materiales áridos y pétreos, atribuciones reservadas a los municipios por el artículo 264. Entre los artículos observados mencionó el 42, 64, 65 y 249, que amplían competencias o presupuestos de los GAD sin sustento constitucional, lo que según explicó podría generar duplicidad de funciones e inseguridad jurídica. Recomendó suprimir dichas disposiciones para garantizar la coherencia normativa.
En segundo lugar, destacó como aspecto positivo la disposición general octava, que faculta a los GAD asumir competencias regionales no constituidas, en concordancia con el artículo 270 de la Constitución, lo que permitiría avanzar en un proceso de descentralización ordenado y progresivo.
Finalmente, cuestionó el plazo de 120 días establecido en la disposición transitoria única para que el CNC actualice la normativa secundaria y propuso ampliarlo a 365 días, considerando la complejidad técnica y la necesidad de consultas con actores territoriales.
El asambleísta Pablo Jurado agradeció la exposición técnica y reconoció los aportes del CNC al debate legislativo. Por su parte, la asambleísta Lady Cedeño, en representación de Célleri, sugirió analizar la posibilidad de delegar funciones administrativas a los viceprefectos, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad sin desnaturalizar las competencias exclusivas de los GAD provinciales.
GO
