El asambleísta Fernando Jaramillo, representante de la provincia de Imbabura, presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que busca incrementar las penas para el delito de peculado, que no solo afecta a la administración pública, sino a todos los habitantes del país, por tratarse de la disposición indebida de recursos públicos, es decir, fondos que pertenecen a las y los ecuatorianos.
Según la propuesta, la pena vigente, que va de diez a trece años, tendría una nueva categorización de trece a quince años de privación de libertad, aplicando los principios de adecuada dosimetría penal y proporcionalidad, considerando la gravedad del daño que genera este delito en la sociedad.
El legislador Jaramillo plantea que se cambie el inciso primero del art. 278 del COIP, a fin de subir de trece a quince años la pena de privación de libertad para los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.
Asimismo, en el segundo inciso se establecería que los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con una pena privativa de libertad de diez a trece años.
En la exposición de motivos, el asambleísta enfatiza que las estadísticas demuestran que el tipo penal del peculado se ha incrementado en los últimos años y, si bien la ley prevé una escala mayor de la pena por ciertos factores como son circunstancias agravantes, esta sanción debe ser revisada y adecuada a la realidad actual y circunstancias que giran en torno a la gravedad de esta conducta penal.
EG
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