El asambleísta Manuel Choro, representante de la provincia del Cañar, presentó el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Territorial y Productivo en Zonas de Influencia Hidroeléctrica, cuyo propósito es establecer un marco normativo técnico, participativo y redistributivo para la planificación, distribución, ejecución, seguimiento y control de los recursos asignados mediante el Decreto-Ley No. 047.
Estos recursos corresponden 5% de la facturación bruta generada por las centrales hidroeléctricas Paute Molino, Mazar, Sopladora, Pisayambo y Agoyán, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y parroquiales de las provincias de Cañar, Azuay, Morona Santiago y Tungurahua.
Choro sustentó que su propuesta busca implementar un régimen legal complementario que garantice un uso justo, técnico, participativo y transparente de los recursos derivados de la generación hidroeléctrica en territorios que han aportado suelo, recursos hídricos e infraestructura para sostener el sistema energético nacional.
Explicó que esta iniciativa representa un acto de justicia energética, equidad territorial y fortalecimiento democrático. Constituye un modelo replicable de descentralización efectiva en el uso de recursos estratégicos, permitiendo transformar una renta energética preexistente en oportunidades concretas de bienestar, empleo, sostenibilidad y cohesión social para las comunidades que sostienen, desde sus territorios, el sistema eléctrico del país.
El legislador precisó que el proyecto no crea nuevas rentas ni modifica el Decreto-Ley No. 047, sino que lo complementa operativamente mediante la implementación de mecanismos técnicos, participativos y redistributivos. El objetivo es asegurar que los recursos actualmente asignados sean utilizados de manera equitativa, eficaz y transparente, en concordancia con los principios constitucionales de descentralización, planificación participativa, control social y justicia territorial, recalcó.
La propuesta incluye la creación de un Fondo Provincial de Compensación Energética en cada una de las provincias beneficiarias. Estos fondos serán administrados en coordinación con un Consejo Ciudadano de Desarrollo Provincial, integrado por representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, academia y sectores productivos, garantizando así una gobernanza democrática y responsable de los recursos públicos.
RSA
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