La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, sobre la base de la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, inició el proceso de fiscalización respecto a los hechos relacionados con el presunto financiamiento irregular de la organización política Revolución Ciudadana.
Diana Jácome, presidenta de la Comisión, anunció que ha dispuesto se requiera información a las instituciones de control pertinentes y, de manera específica, al Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de que remita informes, registros y documentación sobre el origen, legalidad, trazabilidad y control de aportes y gastos de campaña, conforme a la normativa vigente.
Aseguró que este proceso de fiscalización no se trata de ninguna persecución, se trata de transparentar y dar respuesta a los ciudadanos acerca del origen y destino de los fondos públicos. No es cosa menor que en el caso de Arroz Verde, en el caso Metástasis, se hayan revelado grandes esquemas de aportaciones a campañas políticas, no solamente de contratistas del Estado de aquel momento, sino también del narcotráfico y eso deja en entredicho la transparencia en financiamientos electorales.
En este sentido, es importante este proceso de fiscalización, dijo. Y explicó que “Lo que se busca es transparentar los fondos utilizados en campañas electorales, se busca también saber si detrás de ese financiamiento está un gobierno que le hizo tanto daño a millones de venezolanos que tuvieron que salir de su patria; un delincuente que hoy se encuentra en Estados Unidos enfrentando cargos ante la justicia”.
La titular de la Comisión advirtió “si usted recibe un centavo, tan solo un centavo del narcotráfico, del lavado de activos, de asociación ilícita, sea de quien sea, usted mañana tiene que responderle a través de favores”.
Reformas a Ley del Adulto Mayor
Igualmente, la Comisión de Transparencia inició el trámite del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, presentado por la asambleísta Nathaly Farinango. La presidenta, Diana Jácome, dispuso que se dé paso al proceso de socialización, conforme lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
EG
