Por unanimidad, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el Informe de Seguimiento Trimestral de las Unidades de Acogimiento Institucional, dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución RL-2023-2025-32, que evalúa la actuación de las entidades responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El equipo asesor de la comisión presentó un detalle de las actuaciones realizadas y las respuestas remitidas por las instituciones competentes. En este sentido, informó que el Ministerio de Desarrollo Humano ejecuta procesos de supervisión mediante visitas técnicas distritales y zonales, así como dos evaluaciones anuales a las unidades de acogimiento institucional. Señaló que la primera visita del año ya fue realizada y que la segunda se encuentra en ejecución. Además, reportó acciones de fortalecimiento institucional, asistencia técnica, intervenciones en infraestructura, procesos de reinserción familiar y articulación con el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública.
Respecto al Consejo de la Judicatura, se ratificó que el acogimiento institucional constituye una medida excepcional, temporal y de última ratio. Se detallaron las dos modalidades existentes —casa familia e institucional— y se informó que entre 2016 y octubre de 2025 se registraron 24.278 causas relacionadas con acogimiento institucional, principalmente en Pichincha y Guayas. Asimismo, se explicó el procedimiento de custodia de emergencia, adopción y el rol del Estado en la capacitación de familias acogientes.
En relación con el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, se expusieron acciones orientadas al acompañamiento psicosocial de niñas, niños y adolescentes, en especial de quienes se encuentran en casas de acogida, mediante la implementación de guías especializadas, procesos de capacitación y la contratación de 2.469 profesionales, lo que permitió ampliar la cobertura de atención psicosocial al 54,4 % de las instituciones fiscales.
El informe incluye recomendaciones al Ministerio de Desarrollo Humano, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura. Finalmente, la comisión resolvió recomendar que este informe sea remitido al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
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