La Comisión de Educación conoció el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que busca incluir la educación nutricional en la malla curricular, y revisó el estado de la evaluación docente, vinculada a los procesos de ascenso y recategorización, con el fin de garantizar transparencia y mejorar la calidad educativa.
La propuesta fue presentada por la asambleísta Camila Cueva, quien explicó que busca atender las necesidades de niñas, niños y jóvenes de los sectores rural y urbano, incorporando la educación alimentaria y nutricional de manera obligatoria en la malla curricular. Señaló que la iniciativa responde a la realidad de los territorios, evidenciada en su trabajo con comunidades, familias y centros educativos. Enfatizó que la malnutrición no se origina únicamente por la falta de alimentos, sino también por la carencia de información nutricional desde edades tempranas.
“Si bien existen programas y normas para combatir la malnutrición, su impacto ha sido limitado al tratar la educación nutricional como acción complementaria, voluntaria y sin continuidad. La reforma no crea nuevas políticas, sino que corrige un vacío histórico al incorporar de manera obligatoria y permanente la educación alimentaria y nutricional como herramienta clave para proteger la salud, mejorar el aprendizaje y reducir desigualdades desde la infancia”, afirmó la legisladora.
En otro punto del orden del día, la Comisión revisó el estado de la evaluación docente y los procesos de ascenso y recategorización, con la participación de delegados del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Durante la sesión se evidenciaron retrasos, vacíos de información y preocupaciones ciudadanas que requieren atención inmediata.
María de Lourdes Muñoz Astudillo, directora ejecutiva del INEVAL, explicó que la evaluación del desempeño docente es un proceso técnico, riguroso y de enfoque formativo, diseñado para mejorar la calidad educativa. El modelo evalúa cuatro dimensiones: conocimientos para la enseñanza, competencias socioemocionales, responsabilidad profesional y prácticas pedagógicas en el aula, complementadas con factores asociados que contextualizan los resultados. Ha sido probado en una muestra piloto de aproximadamente 7.100 docentes, y para 2026 se prevé la implementación de las fases 1 y 2, incluyendo nuevos pilotajes y la aplicación integral de todas las dimensiones, con acompañamiento mediante webinars, fichas técnicas y simuladores.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Christian Salazar, destacó la coordinación entre el INEVAL y el Ministerio de Educación para garantizar un proceso técnico y transparente. Señaló que los resultados servirán como base para los procesos posteriores de promoción, ascenso y recategorización, que se ejecutarán conforme a la normativa vigente, y que se mantendrá comunicación constante con el magisterio a través de canales oficiales y recursos de apoyo.
Asambleístas de la Comisión consultaron sobre el número de docentes que aún esperan recategorización y cuántos podrían acceder a ascensos una vez concluida la evaluación. Según el cronograma del INEVAL, los procesos administrativos podrían durar cuatro o cinco meses tras la entrega de resultados, proyectándose su inicio entre abril y mayo de 2027.
Los legisladores también señalaron otros temas de atención, como la permanencia prolongada de rectores y directores encargados, especialmente en la provincia de Los Ríos, y la falta de respuesta ante casos de salud y alimentación escolar. El Ministerio de Educación garantizó apertura para atender estos requerimientos y se comprometió a coordinar reuniones técnicas de seguimiento.
La Comisión programará una nueva sesión para abordar la situación de los rectores encargados, solicitando información detallada y cronogramas.
LC
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