La representante por la provincia de Bolívar, asambleísta Mariana Yumbay, presentó el proyecto de Ley Orgánica Intercultural para el Desarrollo Agropecuario y el Fortalecimiento del Pequeño y Mediano Productor, una iniciativa orientada a fortalecer integralmente el sistema agroproductivo nacional con enfoque intercultural, territorial, ecológico y comunitario.
“Esta propuesta fortalece la agricultura familiar y comunitaria, la soberanía alimentaria y la participación de agricultores, pueblos y nacionalidades en las políticas agrarias, colocando al pequeño y mediano productor en el centro del apoyo del Estado”, afirmó la legisladora.
Entre los principales ejes se establecen principios rectores como la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la interculturalidad, la equidad territorial, la participación comunitaria vinculante y la innovación tecnológica. Asimismo, reconoce a los agricultores campesinos y comunitarios como sujetos específicos de derechos y de política pública por su aporte estratégico a la producción de alimentos y al desarrollo rural.
La iniciativa también fortalece la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas agropecuarias, garantizando la intervención real y efectiva de organizaciones campesinas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Mientras, en materia productiva, impulsa la producción agropecuaria sostenible mediante asistencia técnica, acceso a financiamiento, capacitación, innovación tecnológica e investigación aplicada.
Se establecen mecanismos para proteger los derechos de los productores, garantizar precios justos, prevenir prácticas abusivas en los mercados y fomentar la diversificación productiva con enfoque ambiental y territorial.
En el ámbito de la comercialización, el proyecto de ley propone medidas para fortalecer mercados locales y territoriales, impulsar la inserción de productos agroproductivos en mercados nacionales e internacionales, y promover la identidad y el origen de la producción ecuatoriana.
La normativa incorpora beneficios legales habilitantes para los productores, sin crear nuevas obligaciones presupuestarias, y dispone que el Ejecutivo expida el reglamento correspondiente en un plazo de 120 días desde su publicación en el Registro Oficial.
MEV
