Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), calificado como urgente en materia económica.
La iniciativa tiene como objetivo incorporar reglas fiscales que prioricen la inversión pública, el mantenimiento de infraestructura y la provisión eficiente de servicios a la ciudadanía. Entre los principales cambios, se reforma el artículo 192 del COOTAD para precisar que los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y del 10 % de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, siempre que se cumpla una nueva regla de asignación mínima prioritaria.
Esta disposición establece que los gobiernos provinciales y municipales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos vinculados directamente con la prestación de servicios.
Asimismo, se definen cuáles se considerarán los grupos de inversión. La Comisión incluyó un nuevo grupo a esta definición: "Contratación de Estudios, Investigación y Servicios Técnicos Especializados".
En materia de transparencia, se establece la obligación de que los gobiernos provinciales y municipales publiquen trimestralmente en sus portales institucionales el indicador de gasto y las medidas adoptadas para cumplir la regla fiscal. Además, el ente rector de las finanzas públicas elaborará informes trimestrales de seguimiento y, en caso de incumplimiento, aplicará los porcentajes constitucionales de asignación e informará a la Contraloría General del Estado.
Las disposiciones transitorias prevén una aplicación gradual de la norma. Para el año 2026, el seguimiento al cumplimiento de la regla de asignación se realizará a partir del 1 de diciembre de 2026, verificando que se cumpla con al menos el 65 % desde el 1 de junio del mismo año. Para 2027 se cumplirá con al menos el 68% y, a partir del ejercicio fiscal 2028, el 70%. También se prevé la emisión de lineamientos técnicos para estandarizar los anexos presupuestarios y un régimen especial para el presupuesto prorrogado del año 2027.
El asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la comisión, señaló que la propuesta no reduce la autonomía ni los recursos de los GAD, sino que ordena el uso responsable de los fondos públicos y prioriza los servicios básicos para la ciudadanía. Indicó además que, tras escuchar a diversos actores en el proceso de análisis, se evidenció una gestión desorganizada en varios GAD y prefecturas, lo que ha derivado en que aún existan cantones sin servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vialidad.
Asimismo, subrayó que el país requiere eficiencia, transparencia y resultados inmediatos en los territorios, priorizando los servicios esenciales antes que otros gastos, sin desconocer la importancia de la cultura y las festividades. Destacó también el trabajo técnico y plural de la comisión, que ha desarrollado 122 sesiones, y concluyó que esta ley establece reglas claras para que la prioridad sea la ciudadanía y no las autoridades de turno.
MEV
