En el análisis del Proyecto de Ley que reforma la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó los criterios del juez Esteban Coronel, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, y del abogado constitucionalista Christian Gallo. Ambos presentaron observaciones para mejorar el texto y asegurar que esté en armonía con la Constitución y con los compromisos internacionales del país.
El juez Coronel resaltó la necesidad de dejar claras las reglas sobre qué juez debe conocer las acciones constitucionales, sobre todo cuando se trate de personas en condición de vulnerabilidad. Explicó que el proyecto debe señalar de forma precisa qué situaciones se consideran como tal, a fin de evitar interpretaciones ambiguas.
Sobre el uso indebido de estas acciones, consideró positiva la propuesta de establecer correctivos y enviar antecedentes a la Fiscalía cuando corresponda. No obstante, sugirió que la norma no se limite a los casos de procesos repetidos que aún están en trámite, sino que también contemple demandas reiteradas sobre los mismos hechos y contra las mismas personas, incluso cuando ya exista una sentencia definitiva.
En relación con el hábeas corpus, indicó que no debe restringirse únicamente a asuntos penales, ya que la privación de libertad puede originarse por otras causas, como deudas por pensiones alimenticias. Además, recordó que cuando una sentencia ya está en ejecución, el control corresponde a los jueces especializados en materia penitenciaria, quienes supervisan las condiciones de detención.
Ante las dudas sobre una posible afectación al derecho a la defensa, Coronel afirmó que definir con claridad las competencias no deja en indefensión a nadie; por el contrario, asegura que cada caso sea tratado por la autoridad correspondiente y se respete el debido proceso. También planteó reforzar la especialización en el control de centros de privación de libertad, especialmente en casos de delincuencia organizada y delitos graves, para evitar decisiones que generen impunidad.
Por su parte, Christian Gallo centró su intervención en el hábeas corpus. Señaló que cualquier cambio debe respetar su alcance amplio, tal como lo establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Advirtió que reducir esta garantía a una simple revisión formal de la detención podría significar un retroceso, al dejar sin protección situaciones que pongan en riesgo la vida, la integridad o la dignidad de las personas detenidas.
Recomendó mantener su carácter integral, evitar trabas innecesarias y asegurar que la reforma esté claramente alineada con la Constitución y los estándares interamericanos, incluso mediante una cláusula que obligue a interpretar la ley conforme a esos principios.
Durante la sesión, las y los asambleístas consultaron cómo prevenir el uso inadecuado del hábeas corpus sin afectar su esencia. La presidenta de la Comisión, Diana Jácome, subrayó la importancia de utilizar un lenguaje sencillo y accesible, para que la ciudadanía pueda comprender y ejercer sus derechos sin dificultades.
La Comisión continuará con el estudio del proyecto antes de elaborar el informe para el primer debate, incorporando criterios que permitan una reforma equilibrada y respetuosa de los derechos.
RSA
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