En el marco del segundo debate del Proyecto de Ley que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros participó en Guayaquil en la Comisión del Derecho a la Salud, con el propósito de exponer observaciones dentro del ámbito de sus competencias.
Verónica Rodríguez, intendenta regional de Compañías en Quito, durante su intervención destacó la trascendencia social y jurídica del proyecto y subrayó que actualmente existen vacíos normativos en materia de responsabilidades derivadas de estos procedimientos médicos. No obstante, precisó que el contenido del proyecto —desde el artículo 1 hasta el 63, incluidas sus disposiciones reformatorias y transitorias— es de carácter técnico-sanitario.
En ese contexto, aclaró que la Superintendencia ejerce un control limitado dentro del sistema nacional de salud, circunscrito a los aspectos societarios, financieros y contractuales de las compañías aseguradoras privadas y de medicina prepagada, mas no a los aspectos sanitarios. Asimismo, se resaltó que la aprobación de la ley fortalecerá la seguridad jurídica en el análisis y cobertura de riesgos asociados a los procedimientos de reproducción humana asistida, los cuales pueden estar contemplados en pólizas de seguros o planes de medicina prepagada previamente aprobados por la institución.
Por su parte, Héctor Yépez, especialista en administración pública por la Universidad de Harvard, destacó entre sus principales planteamientos la importancia de mantener la exclusión de la gestación subrogada del proyecto y sugirió que se establezca la nulidad de cualquier acuerdo de este tipo por objeto ilícito.
Asimismo, señaló que la reproducción humana asistida no ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un derecho fundamental exigible directamente al Estado, a diferencia de otros temas como la eutanasia o el aborto; por lo que consideró que no existiría una obligación estatal de financiar estos procedimientos.
El experto también enfatizó que el derecho fundamental involucrado en esta materia es el derecho a la identidad, reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales. En ese sentido, planteó revisar las disposiciones que permiten donaciones anónimas de material genético, atendiendo a la tendencia internacional y a los avances tecnológicos que facilitan el acceso a información genética.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció las intervenciones y solicitó que las observaciones sean remitidas para su análisis técnico dentro del proceso legislativo.
La Comisión continúa el tratamiento de un proyecto de alta sensibilidad social, orientado a dotar al país de un marco normativo claro en materia de reproducción humana asistida, garantizando seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales.
RSA
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