La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó, de manera unánime, el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Juventudes (Unificado), que busca garantizar de manera integral los derechos de las y los jóvenes, en concordancia con los desafíos actuales, los principios constitucionales y los estándares internacionales.
El presidente de la comisión, Jaime Estrada, afirmó que desde agosto del año pasado la mesa legislativa realizó múltiples socializaciones, mesas técnicas y sesiones con participación de organizaciones de la sociedad civil y jóvenes, con el fin de recoger aportes para fortalecer la propuesta normativa. Destacó que existe un amplio interés en saldar una “deuda social” con la juventud ecuatoriana mediante una ley que responda a sus necesidades actuales.
El texto recoge un amplio análisis sobre la situación de la juventud ecuatoriana y plantea reformas orientadas a fortalecer la garantía de sus derechos. Entre los principales ejes se destaca el reconocimiento de la diversidad juvenil, entendiendo que las y los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo atravesado por desigualdades sociales, económicas, territoriales, étnicas y de género, lo que exige políticas públicas integrales e interculturales.
Asimismo, propone la actualización del marco normativo vigente, con el objetivo de adecuarlo a los principios constitucionales, estándares internacionales y desafíos actuales. En este contexto, se incorpora un enfoque de derechos que prioriza la no discriminación, la igualdad y la implementación de acciones afirmativas dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, juventudes diversas y personas con discapacidad.
También fortalece el desarrollo integral mediante la ampliación de derechos en áreas clave como educación, salud mental, empleo digno, acceso a la cultura, tecnologías de la información, vivienda y participación social.
En materia económica, se plantean medidas concretas para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento juvenil, como el reconocimiento de prácticas y pasantías como experiencia profesional, el acceso preferencial a créditos, programas de apoyo al emprendimiento y la implementación de cuotas progresivas de empleo juvenil en los sectores público y privado.
De igual forma, se resalta la importancia de la participación activa de este sector en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno y del sector privado en la garantía de sus derechos.
Entre sus recomendaciones, la mesa legislativa plantea al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del informe de primer debate, destacando que la propuesta responde a los desafíos actuales de la juventud ecuatoriana. Además, exhorta a las instituciones públicas y privadas a implementar medidas de acción afirmativa, fortalecer la participación juvenil, promover políticas multisectoriales e interculturales, y garantizar sistemas efectivos de información y evaluación.
JC
