El asambleísta por la provincia de Esmeraldas, Samuel Célleri, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el objetivo de incentivar la conectividad y garantizar el acceso a internet en zonas rurales, urbano-marginales y de difícil acceso en el país.
Célleri manifestó que esta reforma busca evitar el aislamiento de las zonas rurales y fortalecer áreas clave como la educación, permitiendo que los estudiantes cuenten con herramientas tecnológicas; la salud, facilitando la comunicación en emergencias; y la producción agrícola, para que los campesinos puedan comparar y comercializar sus productos a nivel nacional e internacional.
La iniciativa plantea reformar el artículo 498 del COOTAD, incorporando de manera expresa el fomento a actividades relacionadas con el acceso digital, la conectividad y la prestación de servicios de tecnologías de la información y comunicación, con el fin de ampliar el alcance de los incentivos tributarios existentes y priorizar proyectos que contribuyan al cierre de la brecha digital.
En ese sentido, se propone sustituir parte del primer inciso del artículo para incluir estas actividades, así como agregar un nuevo inciso en el que se establece que los estímulos deberán aplicarse de forma prioritaria a personas naturales o jurídicas que desarrollen proyectos destinados a garantizar el acceso efectivo a internet, mediante la expansión de infraestructura tecnológica, redes de telecomunicaciones y soluciones digitales.
Además, se incorpora en el penúltimo inciso la inclusión de incentivos para proyectos de acceso digital, innovación tecnológica, transformación digital y expansión de redes, con énfasis en aquellos que beneficien a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El proyecto también establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos deberán adecuar sus ordenanzas tributarias para incorporar incentivos dirigidos a proyectos de conectividad digital en zonas rurales y de difícil acceso, así como incluir criterios obligatorios de priorización, entre ellos la atención preferente a zonas rurales y territorios con menor conectividad, el enfoque en poblaciones vulnerables, el impacto en servicios esenciales como educación, salud, producción y comercio digital, y la contribución a la reducción de la brecha digital territorial.
Finalmente, se dispone que, en un plazo máximo de 120 días desde la entrada en vigencia de la ley, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán revisar y, de ser necesario, reformar sus ordenanzas para incorporar los estímulos previstos en esta reforma, con el propósito de fortalecer la inclusión digital y promover el desarrollo social, educativo y productivo en sectores históricamente rezagados.
JC
