La asambleísta nacional Annabella Azin presentó el Proyecto de Ley de Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial, que busca modernizar el régimen concursal ecuatoriano y establecer mecanismos eficientes para la reorganización de empresas viables, la protección del empleo y la preservación de la actividad productiva en el país.
La legisladora destacó el compromiso de la Asamblea Nacional con la construcción de leyes justas y modernas que favorezcan a los ecuatorianos, impulsen el trabajo, protejan el empleo y contribuyan a la reactivación económica del país. “Esta es una ley preventiva y moderna, basada en modelos internacionales que otros países ya aplican. Ecuador necesita avanzar hacia mecanismos que permitan sostener el empleo y fortalecer la economía. Mantener las plazas de trabajo es fundamental para el bienestar de los ecuatorianos”, señaló.
La propuesta plantea un nuevo marco jurídico orientado a facilitar acuerdos entre compañías en estado de insolvencia actual o inminente y sus acreedores, mediante procesos de reestructuración que permitan garantizar la continuidad operativa de empresas viables, proteger las cadenas de suministro y preservar plazas de trabajo.
El proyecto incorpora herramientas concursales y preconcursales modernas, entre ellas, la paralización temporal de ejecuciones, acuerdos de reorganización o concordatos, financiamiento postconcursal, procesos abreviados de reestructuración y acuerdos preconcursales, con el objetivo de promover soluciones ágiles y eficientes frente a escenarios de crisis financiera empresarial.
Además, establece que el régimen de concurso preventivo tendrá como finalidad la protección de los intereses de los acreedores; la recuperación y conservación de empresas viables como unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo; así como la liquidación ordenada y eficiente de empresas inviables. También determina que los créditos laborales gozarán de prelación absoluta y de protección reforzada dentro del procedimiento concursal, en concordancia con la Constitución y la normativa vigente.
Entre los principales objetivos del proyecto se destacan la reducción de los costos asociados a la insolvencia empresarial, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la promoción del acceso al crédito, el impulso al emprendimiento y la dinamización de la economía nacional mediante la preservación de operadores económicos productivos.
La normativa también incorpora estándares internacionales en materia de insolvencia y reorganización empresarial, tomando como referencia las guías y leyes modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con el propósito de fortalecer la competitividad del Ecuador y adaptar el régimen societario y concursal a las dinámicas económicas contemporáneas.
MEV
