La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, dentro del Proyecto Unificado de Reformas a Varias Leyes para Garantizar el Derecho a la Protección Prioritaria de la Mujer en el Período de Maternidad, como paso previo a la elaboración del informe para segundo debate, recibió a Pamela Saud y Tania Acosta, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Fundación Abrazando Esperanza, quienes expusieron sus criterios jurídicos.
Acosta señaló que el problema del duelo gestacional, perinatal y neonatal está invisibilizado en la legislación nacional, tanto para la madre como para el padre, considerando los efectos que la pérdida de los hijos genera en la salud mental de los progenitores.
En este contexto, pidió que se considere dentro de esta iniciativa el reconocimiento de una licencia de 15 días en caso de duelo gestacional, que se produce dentro de las 22 semanas de embarazo; y de 12 semanas para los casos de duelo perinatal y neonatal, tanto para el padre como para la madre.
Explicó que las madres que han perdido a sus bebés, en muchas ocasiones, son sometidas a violencia obstétrica, con mayor énfasis en el sector rural. En ciertos casos, ni siquiera les entregan los cuerpos. Tampoco existen datos de estos bebés en las estadísticas del Registro Civil.
Por su parte, Saud subrayó que el acompañamiento en salud mental es necesario para la recuperación de los progenitores, incluyendo la posibilidad de un renunciamiento voluntario a la licencia, ya que existen casos en los cuales los padres y madres prefieren regresar a sus labores para sobrellevar el dolor por la pérdida de sus hijos.
Además, se mencionaron casos de personas que recibieron únicamente tres días de licencia, bajo la figura de calamidad doméstica general. Además de tratarse de un tiempo insuficiente para afrontar el duelo, algunas personas recibieron posteriormente la notificación del cese de sus funciones. Por ello, solicitaron que se incluya la garantía de permanencia en sus puestos de trabajo.
El presidente de la comisión, Eckenner Recalde, señaló que los argumentos técnicos y jurídicos serán debidamente analizados por el ente legislativo.
EG
