La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, con seis votos afirmativos, aprobó el Informe de Fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la adquisición de 60 trolebuses para el Distrito Metropolitano de Quito.
El informe concluye, entre otros aspectos, que la estructura adoptada habría generado el desplazamiento del régimen ordinario de contratación pública aplicable a una operación de alta relevancia económica y con incidencia directa en un servicio público esencial para la ciudad.
Asimismo, señala que este mecanismo habría afectado principios fundamentales de la contratación pública, especialmente en materia de concurrencia, transparencia, trazabilidad y control del uso de recursos públicos. En ese sentido, se destaca que la suscripción del Memorando de Acuerdo entre la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se habría realizado sin la autorización previa del directorio de la empresa.
El informe también concluye que el esquema utilizado no habría resultado económicamente neutro para la Empresa de Transporte de Pasajeros, ya que la adquisición no se limitó al valor de los bienes, sino que incorporó costos de implementación, costos indirectos y otras cargas asociadas al mecanismo adoptado. A ello se suma la transferencia anticipada de la totalidad de los recursos comprometidos, lo que habría incrementado el costo total de la operación y limitado la trazabilidad del gasto.
De igual manera, se advierte la posible existencia de sobrecostos, o al menos un encarecimiento significativo de la operación, particularmente debido a la intermediación y a referencias que no habrían sido suficientemente justificadas.
Finalmente, la comisión recomienda que el Concejo Metropolitano de Quito ejerza la fiscalización del proceso de adquisición de los 60 trolebuses, con especial atención al mecanismo utilizado a través del Memorando de Acuerdo entre la empresa y UNOPS. Además, sugiere requerir la comparecencia del Alcalde de Quito, del gerente de la Empresa de Pasajeros de Quito y de los demás funcionarios que hayan intervenido en el proceso, a fin de que rindan cuentas sobre las decisiones adoptadas.
También se recomienda remitir el informe a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para que, en el marco de sus competencias, determinen las acciones correspondientes.
EG
