La Comisión de Régimen Económico y Tributario inició el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley N.º 047), iniciativa orientada a fortalecer la transparencia y eficiencia en el manejo de estos recursos públicos.
Durante la sesión, la mesa legislativa recibió al proponente del proyecto, Anthony Becerra, quien destacó que el objetivo de la normativa es garantizar que los fondos sean destinados exclusivamente a obras de infraestructura vial y saneamiento ambiental, evitando su uso en gasto corriente.
El legislador señaló que, tras varias décadas de vigencia de la ley, es necesario que la ciudadanía conozca cómo se ejecutan estos recursos, en qué proyectos se invierten y cuáles son los resultados concretos para las comunidades beneficiarias.
Sobre la base de la información del Ministerio de Economía y Finanzas, Becerra informó que, en el último periodo de asignaciones, las provincias beneficiarias recibieron más de nueve millones de dólares. Además, recordó que cada gobierno municipal percibió más de 129.000 dólares anuales entre 2023 y 2025, lo que representa cerca de 400.000 dólares en los últimos tres años.
La propuesta de reforma establece la obligación de que los gobiernos autónomos descentralizados transparenten información relacionada con los proyectos financiados, incluidos cronogramas de ejecución, montos invertidos, avances y resultados alcanzados. Asimismo, incorpora una prohibición expresa para impedir que estos recursos sean destinados a fines distintos a los establecidos por la ley.
Según el proponente, esta iniciativa fortalecerá el control social y la participación ciudadana, al garantizar el acceso a información clara sobre el uso de los recursos públicos. “La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se invierte cada dólar, porque estos recursos pertenecen a los ecuatorianos”, enfatizó.
En el debate se analizaron temas como la necesidad de fortalecer la normativa, la conveniencia de contar con esta ley y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública.
AM
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