La primera vicepresidenta, Mishel Mancheno, en su calidad de asambleísta por la provincia de Chimborazo, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento Institucional del Estado para enfrentar al Crimen Organizado, conocida como “Ley Antimafias”, que busca desarticular de manera integral las estructuras del crimen organizado, el cual no solo se manifiesta a través de actividades como el sicariato, sino que opera como una red de poder, financiamiento, violencia, logística, corrupción e intimidación.
“Esta es una ley que debilita a las bandas, protege a la ciudadanía y fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado”, subrayó Mancheno, al destacar que esta iniciativa nace gracias a la cooperación internacional con la República Italiana y al intercambio de experiencias con Estados Unidos y, en Latinoamérica, con Argentina, que ya cuenta con una Ley Antimafias.
Olsen agradeció el trabajo de la vicepresidenta, al resaltar que se trata de una propuesta que se suma a las dos leyes que buscan garantizar la seguridad pública y que serán impulsadas en este segundo periodo de gestión: las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo informe para segundo debate será entregado hasta julio próximo.
“Hoy necesitamos trabajar con seriedad y severidad, de manera urgente, para dar al Estado las herramientas que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía”, enfatizó.
El acto contó con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el embajador de Italia, Giovanni Davoli; el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Charles Morril; el jefe de bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), Esteban Torres, y varios legisladores.
Reimberg calificó como una de las reformas más importantes para apuntalar la seguridad en el país, puesto que “proveerá de herramientas legales para luchar contra el crimen organizado, que no actúa de manera individual, sino como verdaderas empresas, con una estructura que involucra a diversos actores, no solo a quienes cometen los delitos, sino a quienes promueven la impunidad”.
La propuesta permitirá identificar y sancionar de mejor manera los distintos roles dentro de una organización criminal, abarcando tanto a quienes la dirigen como a quienes la financian, planifican, reclutan personas, facilitan infraestructura, movilizan recursos o colaboran desde el exterior de la estructura operativa.
Mancheno enfatizó que el crimen organizado no funciona de manera aislada ni depende exclusivamente de sicarios o cabecillas, sino que opera como una estructura compleja integrada por jefes, financistas y reclutadores; dispone de bodegas, vehículos e inmuebles; cuenta con redes de apoyo conformadas por funcionarios corruptos y otros colaboradores; y se sostiene mediante recursos provenientes de actividades ilícitas, además de mecanismos destinados a intimidar a víctimas y testigos.
Asimismo, el proyecto incorpora herramientas para sancionar a quienes reclutan personas con fines delictivos, un aspecto clave debido a que las organizaciones criminales no solo cometen delitos, sino que también captan a jóvenes para integrarlos a sus estructuras, reemplazarlos constantemente y expandir su capacidad operativa.
El documento está compuesto por tres artículos reformatorios, una disposición general y una disposición final. En total, contempla 14 reformas legales: 11 al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.
EG
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