La Comisión de Biodiversidad continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente sobre Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, incorporando aportes técnicos de especialistas en legislación ambiental, conservación y biodiversidad, con miras a fortalecer el texto para segundo debate.
Gabriela Hidrobo, experta en legislación ambiental, destacó que la propuesta consolida la educación ambiental como un eje preventivo de la política pública y una herramienta fundamental para formar ciudadanos comprometidos con la protección de los recursos naturales. Resaltó que la iniciativa incorpora este enfoque de manera transversal en todos los niveles educativos, alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre sus recomendaciones planteó fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento mediante indicadores de cumplimiento e impacto; adaptar los contenidos a las realidades ambientales y culturales de cada territorio; e impulsar procesos permanentes de capacitación docente. Además, propuso incorporar principios de inclusión y accesibilidad, interculturalidad, saberes ancestrales, enfoque de género y proyectos prácticos vinculados al reciclaje, la reforestación y los huertos escolares.
Por su parte, el biólogo y doctor en ecología, Carlos Iván Espinoza, expuso la importancia de la educación ambiental frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico, destacando que Ecuador, pese a ser uno de los países más biodiversos del mundo, registra más de 2.700 especies amenazadas.
Espinoza valoró que el proyecto convierta la educación ambiental en obligatoria y transversal, incorpore contenidos prioritarios como cambio climático, gestión de residuos y economía circular, fortalezca la capacitación docente y promueva la cooperación interinstitucional. No obstante, recomendó reforzar tres aspectos clave: garantizar financiamiento permanente para la implementación de la política pública; orientar la enseñanza hacia el desarrollo de competencias y proyectos comunitarios que promuevan la participación activa de los estudiantes; y ampliar la formación ambiental a la educación superior.
El especialista señaló que experiencias internacionales como las de Alemania, Costa Rica e India demuestran que la educación ambiental sostenida, con recursos adecuados y visión de largo plazo, contribuye a la construcción de sociedades más sostenibles y resilientes.
Los aportes recibidos serán analizados por la comisión como parte del proceso de construcción de una normativa que fortalezca la conciencia ambiental, la participación ciudadana y la protección del patrimonio natural del Ecuador.
RSA
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