En el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió al especialista en Estado de Derecho y Gobernanza Global, Juan Camino, quien presentó observaciones técnicas y académicas orientadas a fortalecer la propuesta normativa y garantizar su concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante su intervención, el experto explicó que el concepto de “deportación masiva” no existe en el ordenamiento jurídico internacional, donde la figura reconocida es la de “expulsión colectiva o masiva”. Señaló que estos procesos responden a decisiones estatales sustentadas en políticas públicas y narrativas polarizantes, más que a procedimientos individuales de deportación, que requieren el análisis de cada caso conforme al debido proceso.
En el análisis del articulado, Camino recomendó eliminar referencias redundantes sobre la condición de vulnerabilidad, al considerar que quienes enfrentan procesos de expulsión colectiva ya son reconocidos como un grupo de atención prioritaria por la normativa y los estándares internacionales.
Asimismo, sugirió mantener las referencias a la expulsión y al retorno forzado, debido a que estas figuras también abarcan situaciones derivadas de conflictos armados y desplazamientos forzados, y planteó en el articulado, únicamente se incorpore la deportación colectiva o masiva dentro de las modalidades de retorno forzado, sin crear un artículo adicional.
El especialista también advirtió que la ampliación de servicios estatales prevista en la reforma debe ir acompañada de la correspondiente planificación y asignación presupuestaria, conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En ese sentido, señaló que algunos servicios, como la asistencia jurídica gratuita, ya son prestados por las instituciones competentes, por lo que recomendó evitar duplicidades normativas y fortalecer, a través de las disposiciones transitorias, la coordinación interinstitucional para la implementación de protocolos y políticas públicas de atención integral.
Finalmente, sugirió que en la reforma referente a la promoción de acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación no se limite a países que mantengan determinadas políticas de deportación, sino que responda al interés nacional y a la protección de los derechos de las personas ecuatorianas en movilidad humana, independientemente de los cambios en las políticas públicas de otros Estados.
MEV
