Con el objetivo de proteger la transparencia del deporte ecuatoriano y cerrar un vacío legal que ha favorecido la impunidad frente a prácticas vinculadas a la corrupción, a las apuestas ilegales y al crimen organizado, la asambleísta Noemí Cabrera, representante de la provincia de El Oro, presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar y sancionar el delito de manipulación de resultados deportivos.
La legisladora explicó que la iniciativa surge ante la creciente infiltración de estructuras delictivas en el ámbito deportivo y hechos de violencia que han afectado al país. "No podemos permitir que nuestros deportistas, especialmente los jóvenes, sean víctimas de amenazas, sobornos o presiones del crimen organizado. El deporte debe ser un espacio de formación, valores y oportunidades, no un escenario para actividades ilícitas", afirmó.
Actualmente, el Ecuador carece de un tipo penal específico para sancionar estas conductas, lo que dificulta su investigación y juzgamiento y deja en situación de vulnerabilidad a deportistas, árbitros, entrenadores, dirigentes y organizaciones deportivas.
La propuesta incorpora el artículo 208-B al COIP, estableciendo penas privativas de libertad de tres a cinco años para quienes alteren o influyan fraudulentamente en el desarrollo o resultado de competencias deportivas oficiales, así como para quienes ofrezcan, entreguen, soliciten o reciban beneficios económicos con ese propósito o ejerzan amenazas o coacción sobre los actores del sistema deportivo.
Asimismo, contempla penas agravadas de cinco a siete años cuando los responsables sean dirigentes o autoridades deportivas, cuando los hechos estén relacionados con apuestas ilegales o lavado de activos, se produzcan en competencias nacionales o internacionales, o involucren a deportistas menores de edad. Además, prevé la inhabilitación para ejercer cargos directivos en entidades deportivas hasta por cinco años después del cumplimiento de la condena.
El proyecto incorpora mecanismos para fortalecer la investigación penal, entre ellos incentivos para la cooperación eficaz con la Fiscalía, medidas de protección para denunciantes y la coordinación entre instituciones públicas, federaciones, ligas profesionales y operadores de apuestas autorizados para prevenir y detectar estas prácticas.
RSA
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