La asambleísta Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de reforma a varias leyes para garantizar el uso social y comunitario de infraestructura educativa en desuso en zonas rurales, cuyo objetivo es evitar que las antiguas infraestructuras educativas permanezcan abandonadas o se conviertan en focos de conflicto, así como promover su utilización de manera ordenada, transparente y legal por parte de las comunidades, gobiernos locales u organizaciones sociales, garantizando la protección del patrimonio público y el interés colectivo en los territorios.
Tiupul subrayó que esta propuesta permitirá a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, barrios, organizaciones sociales y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) acceder al uso de bienes inmuebles que ya no funcionan como centros educativos, con el propósito de brindar servicios comunitarios y fortalecer las destrezas y habilidades de las personas que habitan en las zonas rurales del país.
Según la legisladora, esta reforma no solo responde a una problemática práctica identificada en territorio, sino que también corrige deficiencias estructurales del ordenamiento jurídico, fortalece la seguridad jurídica, reduce la conflictividad social y promueve un modelo de gestión pública basado en la eficiencia, la participación ciudadana y la función social de los bienes públicos.
Con esta iniciativa, se busca cambiar la realidad de muchas edificaciones escolares que actualmente se encuentran abandonadas y deterioradas, pese a que podrían ser aprovechadas por la comunidad para desarrollar actividades culturales, recreativas, productivas y de desarrollo comunitario.
El proyecto está conformado por cuatro artículos que reforman la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Código Civil; además, incorpora dos disposiciones transitorias orientadas al levantamiento de un inventario de la infraestructura educativa en desuso o subutilizada, priorizando aquella ubicada en zonas rurales, así como la suscripción de convenios administrativos para el uso comunitario de bienes educativos con comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, gobiernos parroquiales u organizaciones sociales.
EG
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