La posibilidad de establecer límites a la continuidad de familiares en cargos de elección popular dentro de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) fue uno de los temas que marcó el debate. En ese contexto, Saulo Jaramillo, magíster en Derecho Penal, propuso reformar el Código de la Democracia para impedir esta práctica, tras observar que se ha evidenciado en varias provincias del país.
Jaramillo realizó esta recomendación en el marco del proceso de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, que lleva adelante la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El análisis del experto se centró en la corrupción, a la que calificó como un problema grave y de alcance global que amenaza incluso la estabilidad de los Estados y afecta de manera directa a los bienes jurídicos protegidos. Además, presentó datos relacionados con esta problemática y revisó la normativa nacional e internacional vigente en la materia.
Entre los aspectos destacados, señaló que, según la organización Transparencia Internacional, hasta 2025 Ecuador se ubicó en el puesto 116 entre 182 países evaluados. En este contexto, advirtió que en los GAD persisten fenómenos como la continuidad familiar en los cargos de elección popular, la escasa conciencia ciudadana, la falta de transparencia, la limitada innovación y aplicación de tecnología, la ausencia de tipificación del delito de corrupción urbanística, la ambigüedad en la Ley de Extinción de Dominio y el incumplimiento de competencias.
Asimismo, enfatizó que la corrupción es uno de los fenómenos que mayores desafíos representa para los Estados y la sociedad, debido a que ocasiona un impacto más profundo que el de un delito común y, en muchos casos, supera la capacidad de respuesta institucional.
Por ello, recomendó continuar con el proceso de fiscalización, remitir los resultados a la Fiscalía General del Estado, solicitar información a la Contraloría General del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), analizar reformas legales, aplicar la normativa internacional contra la corrupción, fortalecer la lucha contra el lavado de activos y ampliar el ámbito de fiscalización a las juntas parroquiales.
Tras la exposición, la presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo, aclaró que el proceso de fiscalización es integral y no responde a ningún tipo de persecución política. Añadió que se ha solicitado información a diversos organismos de control, entre ellos la Contraloría General del Estado, la UAFE, el Registro Civil, el Ministerio del Trabajo, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías y otras entidades competentes.
Además, exhortó a la ciudadanía a continuar remitiendo información al correo electrónico habilitado para este proceso: fiscalizaciontransparente@asambleanacional.gob.ec, con el fin de aportar datos o elementos que puedan estar relacionados con la investigación en curso. “Queremos cambiar la idea de que la autonomía es un cheque en blanco para administrar municipios y prefecturas como si fueran la hacienda personal de sus autoridades”, concluyó.
AM
