La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral continuó el tratamiento de dos iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la protección de derechos mediante la recepción de observaciones técnicas de instituciones nacionales e internacionales.
En primer lugar, la mesa legislativa analizó el Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, unificado con el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Sistema de Videovigilancia, y recibió los criterios de la Superintendencia de Protección de Datos Personales y del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL).
Los delegados de la Superintendencia, René Orbe y Alex Sotomayor, respaldaron el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso de herramientas tecnológicas, pero enfatizaron la necesidad de que la normativa incorpore garantías constitucionales y estándares de protección de datos personales que aseguren su correcta aplicación. Explicaron que los sistemas modernos de videovigilancia, al incorporar tecnologías como el reconocimiento facial, la lectura de placas y la interoperabilidad de bases de datos, realizan tratamientos de datos personales de alta sensibilidad, por lo que requieren límites, principios de proporcionalidad y mecanismos de control.
Asimismo, observaron que una legislación que no contemple estas garantías podría ser objeto de impugnaciones constitucionales o afectar la validez de las pruebas obtenidas, por lo que recomendaron que los aspectos esenciales sobre el uso de estas tecnologías se definan en la propia ley y no se deleguen a normativa secundaria.
Entre sus principales observaciones constan la incorporación de definiciones sobre reconocimiento facial, videovigilancia biométrica e inteligencia artificial; el establecimiento de límites para la interoperabilidad entre bases de datos; la creación de mecanismos independientes de supervisión y control; y el fortalecimiento de las garantías para la protección de los derechos fundamentales.
Por su parte, el representante del MINTEL, Livington Briones, ratificó las observaciones técnicas remitidas previamente a la Comisión sobre el bloqueo y la inhibición de señales de telecomunicaciones en los centros de privación de libertad. Además, destacó la importancia de mantener al ECU 911 como ente coordinador de los sistemas de videovigilancia y fortalecer la interoperabilidad entre los sistemas públicos y privados.
En otro punto del orden del día, la Comisión recibió a Ana Delgadillo, representante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dentro del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
La experta manifestó el respaldo del organismo internacional a las reformas propuestas, al considerar que contribuirán a fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y la protección de los derechos de las víctimas. Recomendó garantizar el acceso inmediato a toda la información necesaria para las investigaciones, sin que pueda invocarse la reserva por razones de seguridad nacional u otras causales cuando se trate de desapariciones forzadas y graves violaciones de derechos humanos.
Delgadillo planteó avanzar hacia una reforma integral que contemple un mecanismo nacional de búsqueda con enfoque humanitario, el fortalecimiento de la cooperación regional y la implementación de herramientas como bases de datos genéticos y sistemas integrales de atención a las víctimas. Finalmente, ofreció el acompañamiento técnico de las Naciones Unidas en este proceso.
JC
