La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente para fortalecer la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, mediante la recepción de criterios técnicos de representantes de UNICEF-Ecuador y de delegados de los ministerios de Educación, Ambiente y Desarrollo Económico.
El representante de UNICEF-Ecuador, Arturo Romoli destacó que la iniciativa constituye una oportunidad para consolidar la educación ambiental como una política pública permanente dentro del sistema educativo, al considerar que la crisis climática y ambiental ya impacta en la salud, la educación, la seguridad hídrica y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
A su vez, Giovanna Reynoso presentó varias observaciones técnicas, entre ellas la incorporación de las estrategias nacionales de Educación Ambiental y de Acción para el Empoderamiento Climático; el fortalecimiento de la formación docente; la promoción de la participación de niñas, niños y adolescentes; y la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación.
Por su parte, los delegados del Ministerio de Educación plantearon precisiones técnicas para delimitar las competencias entre las autoridades de educación y ambiente, fortalecer el enfoque participativo de la educación ambiental e incorporar mecanismos de evaluación que garanticen la aplicación efectiva de la normativa.
En tanto, el representante del Ministerio del Ambiente enfatizó que la educación ambiental debe abarcar los ámbitos formal, no formal e informal. Asimismo, propuso armonizar el proyecto con la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2025-2030, con el propósito de consolidar una política pública articulada entre las instituciones del Estado y la sociedad.
Finalmente, el delegado del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo informó que las observaciones formuladas previamente fueron incorporadas al proyecto mediante una disposición que establece que su implementación se financiará con cargo a las asignaciones presupuestarias legalmente aprobadas y disponibles de las entidades competentes, en cumplimiento de las normas de sostenibilidad fiscal.
Durante la sesión, los asambleístas formularon consultas y expusieron sus criterios sobre el enfoque que debe orientar el proyecto de ley y los mecanismos para su implementación en el país.
RSA
