La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con la comparecencia del viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Ribadeneira, y la participación de la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Khristina Mejo, quienes presentaron observaciones técnicas orientadas a fortalecer el marco legal.
Ribadeneira enfatizó que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes constituyen delitos diferentes, con dinámicas, finalidades y respuestas institucionales distintas, por lo que advirtió que su tratamiento conjunto podría afectar la capacidad del Estado para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos. Explicó que la trata implica una grave vulneración de los derechos humanos con fines de explotación, mientras que el tráfico persigue beneficios económicos mediante la facilitación de la migración irregular. Además, destacó el trabajo permanente del Comité Interinstitucional y de las entidades competentes en las labores de prevención, investigación y rescate de víctimas.
El viceministro también presentó las principales observaciones del Ministerio del Interior al proyecto, entre ellas la necesidad de equilibrar el tratamiento jurídico de ambos delitos, fortalecer la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, mejorar los sistemas de registro e interoperabilidad de datos y reforzar las atribuciones del Comité Interinstitucional. Reiteró la disposición de esa cartera de Estado para aportar criterios técnicos que permitan contar con una normativa clara, aplicable y eficaz frente a las estructuras criminales.
Por su parte, Mejo expuso un panorama sobre las dinámicas migratorias en el Ecuador, señalando que el desplazamiento interno responde principalmente a la violencia y al cambio climático, mientras que miles de personas mantienen la intención de migrar al exterior. Alertó que cuatro de cada diez personas que desean migrar han tenido contacto con ofertas para ingresar de manera irregular a otros países, lo que incrementa el riesgo de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, especialmente en zonas fronterizas y corredores de movilidad.
La representante de la OIM planteó que la reforma coloque a las víctimas en el centro de la respuesta estatal, garantizando su protección integral, el principio de no criminalización y el acceso a servicios especializados de reparación. Asimismo, recomendó fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, asegurar recursos para la implementación de la ley y consolidar sistemas unificados de información que permitan prevenir, detectar y combatir de manera más efectiva estos delitos, así como proteger los derechos de las víctimas.
MEV
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