Con el objetivo de fortalecer la protección de la salud pública y combatir las redes de comercialización ilícita de medicamentos, la asambleísta Janina Rizzo, representante de la provincia del Guayas, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el fin de tipificar y sancionar de manera específica la receptación de medicamentos de uso humano, así como de dispositivos e insumos médicos provenientes de hurto o robo.
La iniciativa busca desarticular las cadenas ilegales de comercialización, preservar la trazabilidad de estos productos, proteger los recursos destinados al sistema nacional de salud y garantizar que los medicamentos lleguen a los pacientes en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad.
El proyecto incorpora una reforma al delito de receptación previsto en el COIP, estableciendo una sanción diferenciada para quienes oculten, custodien, transporten, comercialicen o transfieran medicamentos, dispositivos o insumos médicos de origen ilícito, con conocimiento de que provienen de hurto o robo. Para estos productos esenciales se propone una pena de tres a cinco años de privación de libertad, en atención al grave riesgo que representa para la salud pública.
Rizzo señaló que el proyecto nace de los recorridos realizados en hospitales públicos y del contacto permanente con ciudadanos que denuncian el desabastecimiento de medicinas. Indicó que pudo constatar que, en muchos casos, los medicamentos existen, pero son sustraídos y posteriormente comercializados en el mercado ilegal, afectando directamente a los pacientes que dependen de ellos para sus tratamientos.
"El robo y la comercialización ilegal de medicamentos no solo generan pérdidas económicas para el Estado, sino que ponen en riesgo la vida de miles de ecuatorianos. No podemos permitir que quienes lucran con la salud de la población permanezcan impunes", enfatizó la legisladora.
La propuesta legislativa responde a una problemática que afecta a hospitales y centros de salud en distintas provincias del país y se fundamenta en la necesidad de fortalecer la protección del derecho a la salud, reconocido en la Constitución, mediante un marco penal que desincentive estas prácticas delictivas y contribuya a garantizar el acceso oportuno y seguro a medicamentos e insumos médicos para todos los ecuatorianos.
RSA
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